LOS TIEMPOS BOBOS
Miguel Campillo Ortiz. Director del programa “Sintonía Laica”. Miembro de Europa Laica.
25 de marzo de 2025
“Hijo mío: Cuando a fines del 74 te anuncié en una breve carta el suceso de Sagunto, anticipé la idea de que la Restauración inauguraba los tiempos bobos, los tiempos de mi ociosidad y de vuestra laxitud enfermiza. La sentencia de mi buen amigo Montesquieu, dichoso el pueblo cuya historia es fastidiosa, resulta profunda sabiduría o necedad de marca mayor, según el pueblo y ocasión a que se aplique. Reconozco que en los países definitivamente constituidos, la presencia mía es casi un estorbo, y yo me entrego muy tranquila al descanso que me imponen mis fatigas seculares. Pero en esta tierra tuya, donde hasta el respirar es todavía un escabroso problema, en este solar desgraciado en que aún no habéis podido llevar a las leyes ni siquiera la libertad del pensar y del creer, no me resigno al tristísimo papel de una sombra vana, sin otra realidad que la de estar pintada en los techos del Ateneo y de las Academias.
La paz, hijo mío, es don del Cielo, como han dicho muy bien poetas y oradores, cuando significa el reposo de un pueblo que supo robustecer y afianzar su existencia fisiológica y moral, completándola con todos los vínculos y relaciones del vivir colectivo. Pero la paz es un mal si representa la pereza de una raza y su incapacidad para dar práctica solución a los fundamentales empeños del comer y del pensar. Los tiempos bobos que te anuncié has de verlos desarrollarse en años y lustros de atonía, de lenta parálisis que os llevará a la consunción y a la muerte.
Los políticos se constituirán en casta, dividiéndose, hipócritas, en dos bandos igualmente dinásticos e igualmente estériles, sin otro móvil que tejer y destejer la jerga de sus provechos particulares en el telar burocrático. No harán nada fecundo; no crearán una nación; no remediarán la esterilidad de las estepas castellanas y extremeñas; no suavizarán el malestar de las clases proletarias. Fomentarán la artillería antes que las escuelas, las pompas regias antes que las vías comerciales y los menesteres de la grande y pequeña industria. Y, por último, hijo mío, verás si vives que acabarán de poner la enseñanza, la riqueza, el poder civil, y hasta la independencia nacional, en manos de lo que llamáis vuestra Santa Madre Iglesia.
Alarmante es la palabra revolución. Pero si no inventáis otra menos aterradora, no tendréis más remedio que usarla los que no queráis morir de la honda caquexia que invade el cansado cuerpo de tu nación. Declaraos revolucionarios, díscolos si os parece mejor esta palabra, contumaces en la rebeldía. En la situación a que llegaréis andando los años, el ideal revolucionario, la actitud indómita si queréis, constituirán el único síntoma de vida. Siga el lenguaje de los bobos llamando paz a lo que en realidad es consunción y acabamiento...Sed constantes en la protesta, sed viriles, románticos, y mientras no venzáis a la muerte, no os ocupéis de Mariclío…Yo, que ya me siento demasiado clásica, me aburro…, me duermo…”
Recién acabada la relectura de los Episodios Nacionales del imprescindible Benito Pérez Galdós no he podido resistirme a transcribir aquí la premonitoria última página del último Episodio, dedicado a Antonio Cánovas del Castillo. Escrita en 1912, pone en boca de Clío, musa de la Historia, conceptos y anuncios que describen muy bien la realidad española más de cien años después.
Aquellos tiempos bobos de 1874 se repitieron en 1978 con otra restauración borbónica que dieron en llamar impúdicamente “transición democrática”. También aquella casta política dinástica y servil a los intereses de la Santa Madre Iglesia y su infinidad de congregaciones, institutos, fundaciones, hermandades, asociaciones, etc. perdura hoy día. Gran parte del dinero público que debería destinarse exclusivamente a la enseñanza y la sanidad públicas, a las residencias públicas de ancianos y dependencia, en definitiva al bien común, va a la enseñanza y la sanidad concertadas/privadas en manos en gran medida de la “Santa Madre Iglesia”. Además, nuestra actual casta política (todos los partidos con representación parlamentaria) tiene la desvergüenza de permitir a los obispos apropiarse del inmenso patrimonio histórico artístico español (alrededor de 100.000 bienes inmuebles) a través de las inmatriculaciones. Y la ciudadanía, boba, sigue bostezando.
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EL FEBRERO REPUBLICANO. UNA INICIATIVA PEDAGÓGICA, REIVINDICATIVA Y LÚDICA (y IV)
Miguel Campillo Ortiz, Coordinador del Febrero Republicano de Sevilla
Parece oportuno, tras trece ediciones (de 2012 a 2024), detenerse y ver el devenir de esta iniciativa. Un devenir que relato someramente en estos tres artículos (según enlaces que siguen) y en mi carta dándome de baja en el Ateneo Republicano de Andalucía:
https://vientodejustocambio.blogspot.com/2023/12/el-febrero-republicano-una-iniciativa.html;
https://vientodejustocambio.blogspot.com/2024/04/el-febrero-republicano-una-iniciativa.html;
https://vientodejustocambio.blogspot.com/2024/07/el-febrero-republicano-una-iniciativa.html;
Aunque “los hombres de partido” siempre presionaron por tener un papel protagonista, la labor pedagógica (nuestra función primordial) que hemos desarrollado estos años ha sido, en mi opinión, muy interesante y necesaria. Agradezco mucho la colaboración solidaria de docenas de voluntarios y voluntarias, de músicos, artistas y pregoneros y pregoneras en las fiestas y de las personas que con sus interesantes ponencias dieron contenido a las jornadas universitarias, y que son:
I FR (2012): EL PROYECTO REPUBLICANO: DEBATES SOBRE DEMOCRACIA Y LAICISMO (s. XIX-XXI)
Ponentes: J. L. Pitarch, Francisco Delgado Ruiz, Carlos Arenas Posadas, Pura Sánchez Sánchez, César Tejedor de la Iglesia, Paco Algora, Francisco Espinosa Maestre, Dolores Pantoja, Manuel Navarro Lamolda
Pregón: Juan José Téllez __________________
II FR (2013): REPUBLICANISMO, FEDERALISMO, LIBERALISMO Y LAICISMO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA
Ponentes: Eloy Arias Castañón, J. L. Serrano, Antonio López, César Tejedor de la Iglesia
Mesa redonda: El debate federalista desde una perspectiva andaluza. Presenta y Modera: Mercedes Arriaga. Rafael Rodríguez de León, Tasio Oliver y Ángel Duarte Monserrat
Pregón: Granada Santos
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III FR (2014): III REPÚBLICA LAICA: POR UN PROCESO CONSTITUYENTE
Ponentes: Eloy Arias Castañón, Juan Pinilla, Pura Sánchez, César Tejedor de la Iglesia, Julio Anguita González.
Mesa redonda: Por un proceso constituyente. Rafael Polo Brazo, Isidoro Moreno Navarro y Miguel Toro
Pregón: Concha Caballero y Raúl García
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IV FR (2015): PRESENTE Y FUTURO DEL REPUBLICANISMO
Ponentes: Joaquín Urías Martínez, Eloy Arias Castañón, Lucía Márquez, Rosa Regàs, Hermindo Medal, Luis García Montero, Leandro Álvarez, César Tejedor, Manuel Navarro Lamolda
Mesa redonda: Presente y futuro del republicanismo. Presenta y modera: Laureano Rodríguez. J. L. Pitarch, Rafael Luna, Isabelo Herreros y Francisco Valdivia
Pregón: Pura Sánchez Sánchez
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V FR (2016): LAS MUJERES EN EL REPUBLICANISMO ESPAÑOL
Ponentes: Lidia Falcón, Mercedes de Pablos, Antonio Gonzalo, César Tejedor, Almudena Grandes
Mesa redonda: Pasado y presente de las políticas de igualdad de género. Presenta y modera: Fernando Gcía. Sanz. Mª Jesús Díaz, Hilario Sáez y Salomé Rodríguez Armario
Pregón: Beatríz Talegón
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VI FR (2017): PROPUESTAS PARA LA III REPÚBLICA
Ponentes: Francisco Delgado, César Tejedor, Víctor Peña, Sebastián Martín Martín, Javier Pérez Royo
Mesa redonda: Propuestas para la III República. Ezequiel Martínez, Pilar Nova, Pedro López, Rosa Regàs
Pregón: Pilar González Modino
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VII FR (2018): REPUBLICANISMO, NACIONALISMO Y CONSTITUCIÓN
Ponentes: Isidoro Moreno, Pura Sánchez, Miguel Á. López Muñoz, J. Pérez Royo, Joaquín Urías, Eloy Arias, Antonio Gómez Movellán, César Tejedor
Mesa redonda: Otros servicios públicos son posibles Presenta y modera: Sebastián Martín Martín. Sebastián Martín Recio, Miguel Albéndiz, Salomé Rodríguez
Pregón: Cristina Fallarás
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VIII FR (2019): MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CAMBIO SOCIAL
Ponentes: Antonio Manuel Rodríguez, Eloy Arias, Teresa Galeote, Antonio Checa, Mirta Núñez Díaz-Balart, César Tejedor, Francisco Sierra, Cristina Fallarás
Mesa redonda: Medios de comunicación y cambio social. José Candón Mena, Maribel Roldán, Ezequiel Martínez, Eduardo del Campo
Pregón: Luis Pastor, cantautor
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IX FR (2020): CONSTITUCIÓN A LA DERIVA
Ponentes: Pura Sánchez, Marta Ruiz Jiménez, Ángel Duarte Montserrat, Felipe López-Aranguren Quiñones, Alberto Carrillo Linares, Adoración Guamán Hernández, Bartolomé Clavero Salvador
Mesa redonda: La enseñanza laica. Una exigencia constitucional, César Tejedor, Cosme Salas García y Juan A. Aguilera Mochón
Mesa redonda: Referéndums monarquía/república, Ainhoa Murcia, Luz Mnez. Osorio, Alberto Gómez Aranda, Phoebe López Rodríguez
Mesa redonda: Cultura y República en Andalucía, Joaquín Urias, Pura Sánchez, Francisco Sierra Caballero
Pregón: Alfonso del Valle, cantautor
I FR en Barrios (2020): PROPUESTAS REPUBLICANAS PARA AVANZAR EN DERECHOS
Ponentes: Joaquín Urias, Carmen Yuste (A. VV. Esperanza Sur); José Mª López Luna (Centro de Adultos “Manolo Reyes); Juan Valencia Rodríguez (A. VV. Félix Rguez. de la Fuente); Virginia Gutiérrez Barbarrusa (Espacio La Barqueta); Teresa García Azcárate (A. VV. El Triángulo)
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X FR (2021): CRISIS DE LA MONARQUÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA III (edición telemática)
1ª Mesa 10/02: J. Pérez Royo, Gerardo Pisarello, Olivia Carballar. Presenta y modera: Virginia Gutiérrez Barbarrusa
2ª Mesa 11/02: César Tejedor de la Iglesia, Isabelo Herreros, Coral Bravo. Presenta y modera: Miguel Campillo Ortiz
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XI FR (2022): PROCESO CONSTITUYENTE. CULTURA REPUBLICANA
Ponentes: Gerardo Pisarello, Ángel Duarte Montserrat, Ifigenia Bueno, Pedro López López, Pilar Nova Melle, Francisco Delgado Ruiz, Joaquín Urías Martínez, Blanca Rodríguez.
Mesa redonda: Presenta y modera: Francisco Sierra Caballero; Sarah Babiker, Javier Aroca, Ángel Munárriz, Olivia Carballar.
Pregón: Sebastián Martín Recio
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XII FR (2023): 150 ANIVERSARIO DE NUESTRA I REPÚBLICA
Ponentes: Gloria Espigado Tocino; Lola Ramos Palomo; José Villa Rodríguez
Mesa redonda: Presenta y modera: Sebastián Martín Martín; Rubén Pérez Trujillano; Abraham Barrero.
Mesa redonda: Presenta y modera: Nuria Roldán; Pura Sánchez Sánchez; Antonia Corona Aguilar.
Mesa redonda: Presenta y modera: Francisco Sierra Caballero; J. Pérez Royo, Blanca Rodríguez y Laura Anarte Flores.
Pregón: Paqui Maqueda Fernández
II FR en Barrios (2023):
Ponentes: A.VV. El Sur, Sebastián Martín Recio, médico (Marea Blanca en Sevilla);
A. Vecinal Triana Norte, José Villa Rodríguez; Asoc. Histórica Retiro Obrero, Juan Valencia Rodríguez; A.VV. El Triángulo, Olga Solano Crespo, prof. (USTEA) y Ruth Suárez, médica (Marea Blanca en Sevilla).
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XIII FR (2024): TERRITORIALIDAD, PLURINACIONALIDAD Y ESTADO LAICO
Ponentes: Gerardo Pisarello; Antonio M. Rodríguez Ramos; Carlos Arenas Posadas; Eloy Arias Castañón; Antonio Gómez Movellán; José A. Martín Pallín
Mesa redonda. Presenta y modera: Paula Garvín; Sebastián Martín Recio; Enrique Cobo; Isidoro Albarreal
Mesa redonda. Presenta y modera: Ángel del Río Sánchez; Isidoro Moreno Navarro; Ana Miranda Paz
Mesa redonda. Presenta y modera: Laura Flores Anarte; José C. González Lorente; Mª Jesús Beltrán Muñoz
Pregón: Alfonso Romera (Asoc. La Carpa)
III FR en Barrios (2024):
Ponentes: AA.VV. Esperanza Sur: Rafael Rodríguez de León; AA.VV. Solidaridad: Sebastián Martín Recio; AA.VV. Triana Norte: Nuria Roldán Arrazola; Asoc. Histórica Retiro Obrero: Eloy Arias Castañón; C.C. Bellavista: Rafael Rodríguez de León; José A. Jiménez; Teresa García Azcárate; José M. García; Pilar Távora
Todos los actos están disponibles en:
http://sintonialaica.blogspot.com/p/febrero-republicano.html
y https://www.youtube.com/@sintonialaica7811/videos
y, desde 2020 en https://www.youtube.com/@ateneorepublicanodeandaluc7304/videos
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EL FEBRERO REPUBLICANO. UNA INICIATIVA PEDAGÓGICA, REIVINDICATIVA Y LÚDICA (III)
Miguel Campillo Ortiz, Coordinador del Febrero Republicano de Sevilla
16 de julio de 2024
En 2014 conseguí traer al III FR a Julio Anguita González, ante la sorpresa de UCAR que llevaba años intentándolo. Anguita estaba muy reacio a participar en algo organizado con Unidad Cívica por la República (UCR). Decía que aún estaban obsesionados con la II República y la guerra civil. Los denominaba irónicamente “republicanos de banderita”…. Él sólo quería hablar de futuro. Durante el verano anterior, a través de correos y conversaciones telefónicas, pude convencerlo de que lo que queríamos era que nos hablara del contenido de su libro Conversaciones sobre la III República y de los valores en los que debía sustentarse: libertad, igualdad, solidaridad, laicidad…apelando a su demostrada laicidad (recuérdese su incidente con el obispo de Córdoba: “Yo soy su alcalde, pero usted no es mi obispo”).
Le conté que, como aquel personaje de La araña negra de Vicente Blasco Ibáñez, el republicano catalán José Agramunt, yo llevaría mi busto de la República y una pequeña tricolor para que presidieran las jornadas universitarias como únicos símbolos. El aula magna de la Facultad de Historia no fue suficiente para acoger a toda la gente que acudió. Tras la excelente charla que nos ofreció y despedirme de él me percaté de que la mesa había sido forrada por los compañeros de UCAR con la bandera de la Brigadas Internacionales. Días después, cuando le llegó el video del acto se sintió molesto, no por el símbolo de las Brigadas Internacionales, a las que tenía un profundo respeto y admiración, sino porque no respondía a lo que habíamos hablado. Desde entonces canceló toda comunicación conmigo. Julio ya había superado aquel malestar cuando coincidimos cinco años después en la XIV jornada laicista de Europa Laica celebrada en Córdoba el 23 de marzo de 2019, en la que formó parte de la mesa redonda titulada Laicismo y derechos humanos y civiles. Tras el acto le hicimos una pequeña entrevista para Europa Laica en Sintonía; luego conversamos y al final aceptó mi invitación para que interviniera en el siguiente FR de 2020. Lamentablemente su salud fue deteriorándose, falleciendo al año siguiente.
En otoño de 2011 Sintonía Laica invitó a UCAR-SE a participar en la organización del “Febrero Republicano. De la I a la III” (FR), y uno de los acuerdos adoptados fue que las formaciones políticas o sindicales con intereses electorales no participarían en dicha organización, siguiendo el espíritu del 15M. (Ver artículo en [1] )
Confiando en la buena voluntad de UCAR-SE, aquellos acuerdos fueron adoptados verbalmente, pero desde el principio no fueron respetados y fueron continuas las presiones para que la Plataforma Sevilla por la República fuera organizadora. Harto de esta situación, en 2016 presenté un Documento de bases del FR recogiendo aquellos acuerdos verbales. Ni siquiera se incluyó en el acta.
La financiación siempre fue la gran preocupación. Los ingresos provenían básicamente de la venta de bonos (primeros años), inserción de logos de bares en el cartel de la fiesta y recaudación en la fiesta por la venta de camisetas del FR y de comida y bebidas. Pero a pesar de la generosidad de conferenciantes (sólo pagamos desplazamiento y hotel) y músicos (con alguna excepción), en varias ocasiones algunos compañeros de UCAR-SE y Sintonía Laica tuvimos que cubrir de nuestros bolsillos los déficits presupuestarios. Para el VIII FR (2019) abordé la ardua tarea de hacer un crowdfunding, con el que pudimos traer al cantautor Luis Pastor con Lourdes Guerra, que en la fiesta nos ofreció un espléndido pregón republicano. Previamente actuaron en una sala de la ciudad donde les gestioné un concierto. También intervino en aquella fiesta Cristina Fallarás, que en la edición anterior ya nos había ofrecido otro espléndido pregón. Como el resultado fue beneficioso, en 2020 repetimos la experiencia, esta vez con la eficiente ayuda de Tomás Madueño. Para esta ocasión trajimos a Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, para los que gestioné un concierto en la sala La Calle con que pagarles el caché el viernes anterior a la fiesta, puesto que las actuaciones de cantantes y formaciones musicales en el parque del Alamillo las hicieron altruistamente, con carácter solidario.
Creamos el Ateneo en diciembre de 2019, ex profeso para que participara en la organización del FR junto a Sintonía Laica y UCAR-SE, sin perjuicio de que pudiera organizar durante el año otras actividades, con amplia presencia de profesores y profesoras que ya venían participando en el FR, lo que nos permitió acometer un proyecto largamente deseado: el Febrero Republicano en Barrios. Que el conocimiento saliera de la universidad y fuera a los barrios a difundir los mismos valores. En verano de 2022 creamos un comité científico independiente y plural para que dotase de contenido las jornadas universitarias integrado por una decena de profesores y profesoras universitarios de las universidades de Sevilla, de Córdoba y Pablo de Olavide, no todos inscritos en el Ateneo. Lo conforman Alberto Carrillo Linares y Eloy Arias Castañón, profesores de Hª Contemporánea de la US; Antonia Corona Aguilar, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales y Ángel del Río Sánchez, antropólogo, ambos de la UPO; Ángel Duarte Montserrat, catedrático de Hª Contemporánea de la UCO; Francisco Sierra Caballero, catedrático de Comunicación de la US; Joaquín Urias Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la US; Cosme Salas García, catedrático de Psicobiología de la US; Laura Flores Anarte, profesora de Derecho Constitucional de la US y Sebastián Martín Martín, profesor de Hª del Derecho y de las Instituciones de la US.
En 2020 el FR se inició el 1 de enero en Las Cabezas (Sevilla) para homenajear a Rafael del Riego en el bicentenario de su pronunciamiento contra el absolutismo, gracias a la importante gestión del Ateneo. (Ver video en [2]
Al anunciar Sintonía Laica la creación del Ateneo para que se incorporara a la organización del FR, UCAR-SE puso la condición de que también fuera organizadora la Plataforma Sevilla por la República, con todos sus partidos y sindicatos. Sebastián Martín Recio, a la sazón vicepresidente 1º del Ateneo habló, motu proprio, con Antonio Rodrigo Torrijos, con no poca influencia en la Red de Activistas de IU (RAIU) donde militan y/o militaban los miembros de UCAR-SE, para que retiraran su exigencia. No lo hicieron. “Nosotros somos hombres de partido”, dijeron el presidente y el secretario de UCAR-SE. “Yo lo fui en la clandestinidad, contra Franco. Ahora soy hombre de movimientos sociales”, respondí.
Aplaudiría que la Plataforma Sevilla por la República introdujera en su Abril Republicano una semana de conferencias sobre la II República y la posterior dictadura.
Desde 2020, la Plataforma Sevilla por la República viene apropiándose del primer acto en los jardines de Cristina ante el busto de Emilio Castelar en homenaje al republicanismo laico del s. XIX.
¿Se celebrará el XIV “Febrero Republicano. De la I a la III” (2025) organizado por la sociedad civil apartidista, como hasta ahora? Veremos.
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EL FEBRERO REPUBLICANO. UNA INICIATIVA PEDAGÓGICA, REIVINDICATIVA Y LÚDICA (II)
Miguel Campillo Ortiz, Coordinador del Febrero Republicano de Sevilla
2 de abril de 2024
Puesto que Sevilla Laica declinó implicarse en la organización del “Febrero Republicano. De la I a la III” (Ver enlace [1] ) me vi en la necesidad de proponer la idea a otro colectivo, y opté por Unidad Cívica Andaluza por la República (UCAR), que había conocido en el seno de la Plataforma Sevilla por la República, en la que representé a Sevilla Laica en 2010 tras no poco esfuerzo para convencerles de la conveniencia de participar en el Abril Republicano que venían organizando para homenajear a las víctimas del franquismo, y como el orden de los factores no altera el producto, lo que iba a ser dar a conocer los valores, principios, historia e hitos del laicismo republicano se convirtió en republicanismo laico.
Unidad Cívica por la República (UCR) era una asociación creada en torno a Julio Anguita González en 2002, y de la que se desentendió poco tiempo después al ver la deriva que tomaba. Estructurada federalmente, en 2011 existía UCAR de Sevilla y su homónima de Granada. Desde que UCAR-SE organizara los días 21 y 22 de noviembre de 2008 sendas jornadas republicanas en la Universidad de Sevilla, en las que se ofrecieron interesantes ponencias, no volvieron a repetir la experiencia, volcando casi todos sus esfuerzos en el movimiento memorialista, relegando la pedagogía de los principios republicanos e incluso denostando al laicismo (“eso es cosa de curas”), actitud que mereció una crítica de la sección granadina, más comprensiva con la distinción entre los movimientos memorialista y republicano y proclive a organizar actos junto a Granada Laica.
Por otra parte, desde el 30 de diciembre de 2010 veníamos realizando un programa de radio semanal, Sintonía Laica, para la difusión, el debate y la acción del laicismo, desde la emisora comunitaria local Radiópolis. Colaboraban habitualmente en el programa Germán Rodríguez Criado, médico, de Sevilla Laica; César Tejedor de la Iglesia, profesor de Filosofía de IES y responsable de Formación de Europa Laica; Esperanza Alcaide, presidenta de la Asociación Feria del Libro de Sevilla y alma mater de la librería El gusanito lector, tristemente cerrada hace poco tiempo tras casi treinta años de interesante labor en el barrio (C/ Feria); Francisco Algora Jiménez, actor y escritor y Carmen Lobo Sánchez, ex concejala del Ayuntamiento de Camas que denunció el intento de soborno que el empresario Andrés Gaviño pretendía para la recalificación de unos terrenos en lo que se conoció como “caso Camas”.
A UCAR-SE le propuse prácticamente el mismo proyecto, ya más que estructurado, que a Sevilla Laica, salvo que la propuesta la hacía Sintonía Laica, un programa de radio con un equipo de colaboradores que se hacía en Radiópolis, emisora que colaboró con el “Febrero Republicano” (FR) retransmitiendo diversas fiestas del FR y grabando entrevistas a los participantes más relevantes, que se emitían posteriormente.
Fue acogida muy bien por UCAR-SE. La propuesta consistía en: 1: Homenaje al republicanismo laico del siglo XIX representado en el busto de Emilio Castelar (redactor del proyecto de Constitución laica de la I República) situado en la calle Luis Cernuda de los jardines de Cristina. 2: Seis días de Jornadas Universitarias en la Facultad de Geografía e Historia y 3: Fiesta republicana en el parque de El Alamillo. El acuerdo, verbal, muy sencillo, para aquella primera edición y las sucesivas incluía que el responsable de Formación de Europa Laica, por entonces César Tejedor de la Iglesia, sería un ponente fijo en las jornadas universitarias, además de otra persona de la junta directiva de la asociación; que siguiendo el espíritu del movimiento 15M (“no nos representan”) partidos y sindicatos quedarían fuera de la organización del evento, y poco más. Propuse que fuera el presidente de UCAR-SE el coordinador, algo que rechazó, alegando que, puesto que el proyecto, ya estructurado y apalabradas las distintas intervenciones de la mayoría de ponentes y músicos las había gestionado yo, siguiera asumiendo las tareas de coordinación.
Presentamos el proyecto al profesor Ángel del Río Sánchez, a la sazón en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, que lo acogió muy bien, asumiendo la función de responsable académico y, para propiciar la asistencia de estudiantes, a través de él solicitamos al Rectorado que se otorgaran créditos universitarios de libre configuración, vigentes entonces. A estas primeras jornadas universitarias (2012) asistieron 35 estudiantes.
No hubiera sido posible, como todas las ediciones posteriores (en 2024 hemos celebrado la decimotercera) sin la solidaridad con la idea, la generosidad, la amistad de ponentes, músicos y voluntarios y voluntarias. Aun así tuvo y tiene sus gastos. Para la financiación de aquellos primeros años emitimos bonos solidarios y, a cambio de que aparecieran sus logos como colaboradores en el cartel de la fiesta, pedí a algunos bares amigos de la Alameda de Hércules que colaboraran con “la voluntad”.
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EL FEBRERO REPUBLICANO. UNA INICIATIVA PEDAGÓGICA, REIVINDICATIVA Y LÚDICA (I)
Miguel Campillo Ortiz, Coordinador del Febrero Republicano de Sevilla
12 de diciembre de 2023
Se hacen panegíricos sobre el origen griego de la democracia (demos=pueblo y kratos=poder) obviando que el demos no era más que esas capas privilegiadas de la polis que tenían poder de decisión (ciudadanos varones libres, propietarios... y elegibles para cargos públicos. El demos formaba parte del laos, que designaba a toda la población como unidad indivisible, indiferenciada social, económica, cultural e ideológicamente, de la que también formaban parte las mujeres, los metecos (extranjeros), los menores de edad, los esclavos, los campesinos pobres no propietarios, que no tenían derecho a participar de la vida política. Del campo semántico del vocablo laos derivan laicismo y laicidad (éste del francés laïcité).
La primavera de 2011 trajo a España vientos de cambio justo. La población, el laos, especialmente la juventud, se echó a las calles y plazas reclamando "¡Democracia Real YA!". “Nuestros sueños no caben en vuestras urnas”, "No nos representan", "No somos mercancía de políticos y banqueros", "Los políticos nos mean, los medios dicen que llueve", "Lo llaman democracia y no lo es", "¡Indígnate!" fueron algunos lemas de aquel movimiento social denominado 15M. Y con aquellos vientos llegaron unas expectativas, quizá, tan halagüeñas como tras la muerte del dictador Franco.
Si el epicentro de aquel movimiento en Madrid estaba en la Puerta del Sol, en Sevilla fue Las Setas (Pza. de la Encarnación) el lugar de reuniones y acampadas. Reuniones en las que se debatían los muy diversos temas que preocupaban a la población, entre los cuales rara vez se trataba la forma de Estado monárquica o republicana o la laicidad del mismo. Uno de aquellos días en Las Setas presencié un desagradable incidente: unos jóvenes increparon a un viejo luchador que portaba una bandera tricolor; si se proclamaba que “No nos representan” o que “Lo llaman democracia y no lo es", me parecía coherente que se rechazara la simbología de partidos y sindicatos, pero no la bandera republicana; entendí que tal actitud se explicaba, entre otras razones, porque identificaban dicha bandera con determinado partido e ideología. Incluso entre viejos republicanos, independientemente de la ideología partidaria de cada cual, es frecuente dicha identificación, como si el movimiento republicano laico hubiera surgido en 1931. De igual manera persiste aún (también entre republicanos) la errónea identificación entre laicismo y ateísmo. En aquella actitud del 15M está la motivación original para la organización del “Febrero Republicano. De la I a la III”.
Durante el verano de 2011 fui contactando con posibles conferenciantes y músicos, explicándoles la “filosofía” de la iniciativa.
La asociación Europa Laica, en la que estoy inscrito desde febrero de 2009, había decidido celebrar su jornada anual, la VIII, en Sevilla. Para planificarla, Francisco Delgado Ruiz y Manuel Navarro Lamolda, a la sazón presidente y vicepresidente de la asociación, vinieron en octubre o noviembre a reunirse con el grupo local Sevilla Laica. El acto se celebraría en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla el sábado 4 de febrero de 2012, donde el filósofo hispano-francés Henri Peña-Ruiz, hijo de exiliados republicanos, escritor, catedrático del Instituto de Estudios Políticos de París, que había sido miembro de la Comisión Stasi para la aplicación del principio de laicidad en Francia, pronunciaría la conferencia inaugural.
Pensé que sería interesante que ese acto fuera el inicio de unas jornadas universitarias, y en aquella reunión propuse que continuara el lunes 6 con un homenaje al republicanismo laico del siglo XIX representado en el busto de Emilio Castelar (redactor del proyecto de Constitución laica de la I República) situado en la calle Luis Cernuda de los jardines de Cristina. Seguidamente, en la cercana Facultad de Geografía e Historia empezarían dichas jornadas hasta el viernes 10 de febrero. Como colofón, una fiesta en el parque del Alamillo, que comenzaría con una marcha precedida de una batucada desde la Glorieta del general Riego hasta el lugar del escenario. A aquella reunión llevé la relación de conferenciantes y músicos que me habían confirmado su participación: César Tejedor de la Iglesia, profesor de Filosofía y responsable de Formación de Europa Laica; el actor Francisco Algora; Pura Sánchez Sánchez, profesora de Lengua y Literatura, escritora; Francisco Espinosa Maestre, historiador; Dolores Pantoja Guerrero, crítica de flamenco; José Luis Serrano, catedrático de Derecho Constitucional de la UGR; Alfonso del Valle, cantautor; Manuel Gerena, Carmen Lara Trío, cantaora con un curioso acompañamiento de guitarra y viola da gamba… Sevilla Laica contaba entonces con un número exiguo de miembros, y la organización de la VIII Jornada laicista anual y posterior asamblea de Europa Laica les tenía saturados de trabajo. Además algunas personas no comprendían la relación laicismo-republicanismo (¡!), por lo que declinaron su implicación en el evento.
Alguien escribió: “Se lucha por lo que se ama y se ama lo que se conoce”. El objetivo era llevar los valores del laicismo republicano a los jóvenes universitarios y también republicanizar a los laicistas y laicizar a los republicanos.
Hoy constatamos que la instauración de la III República laica española o está ausente en los programas electorales o, en algún caso, figura como un lejano objetivo a largo plazo. No constituye una prioridad en las formaciones políticas con presencia parlamentaria. Si es así es porque sólo una mínima parte de la población la reclama, aunque una corta mayoría de los españoles (51 %) se declara partidaria de un referéndum para decidir entre monarquía y república1. Cuarenta años de franquismo nacional-católico genocida de republicanos y republicanas y otros tantos de anestesiante restauración borbónica han convertido a la población (súbditos) española si no en casi analfabeta política, sí en acomodaticios votantes acríticos con la forma de Estado. Décadas inoculando sobre todo a través de los medios de comunicación y del sistema de enseñanza perversas asociaciones de ideas como república/quema de iglesias; república/guerra civil; república/caos; república/comunismo; laicismo/ateísmo, etc., han sumido a la población (¿ciudadanía?) en el actual estado de apatía en lo que a cuestionamiento de la forma de Estado se refiere. A ello ha contribuido también, lamentablemente, una parte importante de la izquierda, patrimonializando para sí los símbolos republicanos; utilizando a veces de forma oportunista para sus fines partidistas al fragmentado y, por tanto, débil movimiento republicano; hablando más de “la República” (la segunda), nostálgicamente, que de republicanismo. Ser antifranquista no implica necesariamente ser republicano.
Se desprende de lo anterior que el movimiento republicano tiene una tarea fundamental si quiere romper esas nefastas asociaciones de ideas “causa/efecto”: la pedagógica. Dar a conocer los valores, principios, historia e hitos del republicanismo laico español (libertad; igualdad; fraternidad; derechos humanos; la universalidad de la acción pública o, dicho de otra manera, el bien común como razón de ser del Estado; la solidaridad; el pacifismo; el civismo, el respeto y cuidado del medio natural…) tanto en sus aspectos teóricos como en sus plasmaciones prácticas llevadas a cabo desde el siglo XIX por personas laicistas, y por tanto republicanas. Porque no sólo no podemos olvidar, sino que debemos recordar y difundir que si la Constitución (republicana y laica, no atea) de nuestra II República fue la más avanzada en términos de Derechos Humanos, adelantándose en 17 años a la legislación internacional, en gran medida se debe a la breve experiencia de la I República y a republicanos y republicanas del siglo XIX como Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, Amalia Domingo Soler, Belén Sárraga, Ángeles López de Ayala, Juan Ramón Jiménez, los Antonio Machado, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós…
Aunque esta lenta tarea de “siembra” va dirigida a toda la ciudadanía, es a la juventud a la que debemos dedicar mayor atención. Por eso era tan importante entrar en la universidad.
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PROPUESTA PARA UN PROCESO CONSTITUYENTE
Miguel Campillo Ortiz. Director del programa “Sintonía Laica”. Miembro de Europa Laica.
23 de septiembre de 2022
Avanzar hacia la laicidad del Estado supone la necesidad de cambios legislativos que, de forma inexcusable, pasan por modificar el Art.16 de la Contitución española (CE), definiendo España como un Estado laico, en el que todas las confesiones e instituciones de carácter religioso estarán sometidas a la legislación común de asociaciones, sin que el Estado las mantenga, favorezca o auxilie económicamente o con legislación de privilegio. Y también, modificar el Art. 27 CE, estableciendo la prioridad del Estado en la Escuela pública y el Sistema Educativo como laico, y por lo tanto la religión, en su forma doctrinal, no puede formar parte del currículo ni del ámbito escolar. Además, no se subvencionarán, en ningún caso, centros educativos con ideario propio, ya sea de carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular. Como corolario de lo anterior, se derogará o modificará cualquier legislación existente para adaptarla a los principios de laicidad del Estado y a la compatibilidad con el derecho europeo.
Así, será preciso derogar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede y de 1992 con las confesiones minoritarias. Derogar la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y sustituirla por una Ley de Libertad de Conciencia que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones de todo tipo, no solo las religiosas, así como su ejercicio sin discriminaciones ni privilegios, promulgando un Reglamento de Laicidad del Estado, con especial relevancia para la laicidad en el ámbito municipal. En este sentido, se verán afectadas la Ley del Derecho de Asociación, de Educación, la Ley del Mecenazgo, de Haciendas Locales, del IRPF, y cualquier otra ley, reglamento, norma u ordenanza que suponga privilegios de exenciones y bonificaciones fiscales de la corporación católica (Iglesia católica y todas sus sociedades, instituciones, centros de enseñanza y entidades de todo tipo relacionadas) y de otras confesiones religiosas. Igualmente, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (ley mordaza), el Código Penal y cualesquiera otros tipos legales que menoscaben el derecho a la libertad de expresión y manifestación, que deberá ser garantizado de forma prioritaria en su más amplia interpretación.
Porque, ¿España es un Estado aconfesional o un Estado laico? En la Constitución no aparece la palabra aconfesional, pero establece que España es un Estado formalmente aconfesional según una sentencia en su día del Tribunal Constitucional, ya que no tiene religión oficial, como dice el Art. 16.1 CE, pero obliga a tener relaciones de “cooperación” con la Iglesia católica y otras confesiones, según el Art. 16.3 CE. En la práctica esta “cooperación” supone un reconocimiento oficial del catolicismo con privilegios de todo tipo, que está en contra de la Neutralidad debida. El Tribunal Constitucional, sin embargo, asimila esta aconfesionalidad formal de la Constitución con lo que denomina como “laicidad positiva”, lo cual es una denominación engañosa, porque ni responde ciertamente a la laicidad ni menos aún por ese calificativo de “positiva”, como si existiera alguna laicidad que fuera negativa. Es absurdo hablar de “laicidad positiva”, igual que lo sería hablar de “derechos humanos positivos”, salvo que tras esta denominación se esconda una crítica soterrada de los principios del laicismo que Europa Laica defiende, tachándolos de “laicidad negativa”. Más allá de estas terminologías, lo que sí constatamos es que tal aconfesionalidad formal tampoco es real, pues sigue vigente una enorme cantidad de legislación y comportamientos públicos que la contradicen. De ahí que consideremos a nuestro país como un Estado criptoconfesional, como lo definiera Gonzalo Puente Ojea, presidente de Honor de la asociación Europa Laica, por los claros ribetes confesionales católicos que aún existen y por las políticas tendentes a una multiconfesionalidad que incorpora a otras religiones minoritarias al ámbito de lo público, sirviendo de coartada para que la corporación católica mantenga e incluso incremente sus enormes privilegios de todo tipo, en lo económico, la enseñanza, simbología, jurídicos e institucionales.
El laicismo tiene un fundamento republicano con base en la libertad, la igualdad, la solidaridad y el interés general como principios de la Ilustración. Estos principios tienen un consenso político y social en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo cual estar a favor de su defensa no es patrimonio exclusivo de nadie ni, a priori, de ninguna opción política ni religiosa personal o colectiva. Es decir, el laicismo no es ni de derechas ni de izquierdas.
Los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede del 3 de enero de 1979 son la base legal que impide una democracia plena, conculcando incluso la misma aconfesionalidad formal promulgada por la Constitución. Avanzar en la laicidad del Estado requiere de forma necesaria e inexcusable la denuncia y derogación de estos Acuerdos y los existentes desde 1992 con las confesiones minoritarias. Es un asunto urgente también para salvaguardar el compromiso de España con los Derechos Humanos. Recordemos que el Vaticano, con quien está firmado ese Acuerdo bilateral, a día de hoy no tiene unas instituciones y un funcionamiento democráticos ni reconoce ni tiene ratificados todos los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, ni los aplica en su territorio. Entre ellos, ni el derecho a la libertad de conciencia, ni la igualdad entre el hombre y la mujer.
Europa Laica considera absurdo el hecho de que el Estado tenga que reconocer confesiones con el calificativo de “notorio arraigo” cuando el propio Art. 16.2 CE establece que nadie puede ser obligado a declarar por sus convicciones religiosas. Además, ese reconocimiento no puede tener otro fin que otorgar privilegios que no deberían tener lugar en un Estado laico, donde cada cual en su vida privada debería ser libre para seguir sus propios ritos y creencias con sus propios medios, sin que el Estado intervenga para nada.
Europa Laica aboga por un cambio constitucional en España que establezca una definición de estricta separación Iglesias-Estado, en el que no se financie ni se reconozca oficialmente a ninguna religión. El Art. 16.3 CE dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.”
El Art. 27.3 CE garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este artículo es esgrimido por parte de sectores de la enseñanza y de padres para exigir al Estado la enseñanza privada concertada, es decir, aquella que ofrece una variedad de opciones de “ideario propio” -al que los padres pueden optar-, pero que está pagada por el Estado. Europa Laica considera que la educación debería ser exclusivamente pública, laica, gratuita, inclusiva y de calidad, por ser la única que puede garantizar la igualdad de oportunidades, la no segregación por razón de sexo, condición social, geográfica, etc. Esto no contradice el derecho de los padres a transmitir a sus hijos sus propias convicciones, en su casa o en las catequesis, fuera del horario escolar. La actual enseñanza privada concertada -pagada con fondos públicos- debe desaparecer de una forma paulatina en un corto plazo de tiempo. Es un sinsentido que existan instituciones escolares que se gestionen de forma privada, con ideario propio, pero con dinero del común, que pagamos toda la ciudadanía. El Art. 27.3 CE, garantizando el derecho de los padres sobre la formación de sus hijos, no puede ser argumento para sustanciarse en la Escuela, porque es inviable que la Escuela pueda asumir en su organización la múltiple diversidad de “convicciones propias” que pueden existir. Además, ese derecho del Art. 27.3 no implica que tenga que ser a cargo económico del Estado. Los padres que quieran una formación en convicciones “a la carta” que lo paguen, a través de servicios que no necesariamente tienen que ofrecerse en la escuela. Desde el punto de vista de los principios políticos, creemos que se confunde el derecho a la educación de los niños y niñas con el derecho de los padres a imponerles su propia ideología, dando prioridad a los segundos sobre los primeros. Europa Laica defiende que la educación de los niños y niñas exige precisamente desmarcarse del control ideológico de los padres/madres en todos los sentidos, así como de todos los grupos de presión que hay en la sociedad.
¿La Escuela privada concertada está calificada como servicio público? Efectivamente así es, lo que supone una aberración jurídica, política y de modelo educativo. Al tener esta consideración, la escolarización en los mismos está financiada por el Estado, al igual que lo está la Escuela pública, aunque muchos de ellos tengan ideario propio dogmático religioso. La enseñanza concertada es un negocio económico e ideológico para las entidades educativas privadas, sean de la patronal del sector o de las confesiones religiosas, que mayoritariamente son católicas. De ahí su interés.
Comparto estas ideas que Juanjo Picó y César Tejedor de la Iglesia, presidente de Europa Laica y responsable de Formación de Europa Laica, respectivamente, vierten en el Vademécum laicista de Europa Laica, disponible en laicismo.org.
Iglesia y laicismo en la II República
Miguel Campillo Ortiz, director del programa Sintonía Laica, miembro de Europa Laica
El proceso de secularización comenzado en el siglo XIX estaba muy avanzado cuando se proclamó II República, aunque la religión aún influía enormemente en el mundo rural. Prueba de esta secularización de la sociedad eran los informes que cada 5 años remitían los párrocos a sus obispos sobre el “estado de las almas”, de los que nos habla el historiador Francisco Espinosa Maestre. En estos informes se decía que las iglesias estaban vacías, que sólo iban a misa las señoras mayores, que al cura le trataba la gente como a un hombre cualquiera, que la gente se casaba y enterraba por lo civil, etc.
Aunque no fue la única, la experiencia de enseñanza laica más larga y fructífera fue la encabezada por Francisco Giner de los Ríos: la Institución Libre de Enseñanza. Fundada en 1876 por un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad Central de Madrid por defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral (entre los que se encontraban Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón, ex presidente del poder ejecutivo de la I República, entre otros). Bajo la influencia de Giner de los Ríos y la Institución se crearon el Museo Pedagógico y la Junta para Ampliación de Estudios, de la que dependían el Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales o la Residencia de Estudiantes.
El ideario educativo republicano, que recogía las principales corrientes de innovación pedagógica del momento, se resumía en escuela laica, unificada y coeducativa. Frente a ello los católicos eran partidarios de una enseñanza confesional, elitista y segregacionista, siguiendo la encíclica Divini Illius Magistri de Pío XI de 1929.
Los partidos republicanos y el partido socialista integrados en el Gobierno Provisional formado tras las elecciones municipales del 12 de abril estaban, con algunos matices, de acuerdo en que uno de los principios básicos del proyecto republicano habría de ser la completa separación de la Iglesia y el Estado.
La II República comenzó con la aprobación de la libertad de cultos, establecida por el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional el mismo día 14 de abril.
Y ese mismo día 14 de abril, antes de la quema de conventos e iglesias y mucho antes de aprobarse la Constitución, tuvo lugar en la casa en Madrid de Rafael Benjumea Burín, conde de Guadalhorce, una reunión a la que asistieron José Calvo Sotelo y José A. Primo de Rivera, entre otros monárquicos ultracatólicos, según publica el ex banquero del BBVA Sánchez Asiaín, en su libro La financiación de la guerra civil. Rd. Crítica, 2014. El objeto de aquella reunión no era desde luego deliberar sobre cómo podían contribuir a consolidar el régimen republicano.
La famosa quema de iglesias y conventos del 11 de mayo estuvo precedida por las provocadoras pastorales del cardenal Segura del 1 de mayo y del cardenal Isidro Gomá del 10 del mismo mes. Sostenían que la peor monarquía era mejor que la mejor república.
Es muy importante resaltar algo que nos “persigue” hasta hoy en la España de 2022, en el ámbito del centro izquierda político. Muy resumidamente había dos posturas:
Una, que defendía una cierta laicidad moderada (lo que ahora llaman “laicidad positiva”), que proponía que la iglesia conservara privilegios en enseñanza, sanidad y servicios sociales, fiscalidad y financiación del clero, postura que defendían algunos partidos del centro derecha republicano y algunos líderes del PSOE. Y una segunda, ampliamente mayoritaria en el Gobierno y en el Parlamento recién formado, que abogaba, en la línea marcada por la Tercera República francesa, por una real separación del Estado de la religión, aunque con total libertad de culto de cualquier religión en el ámbito no público. Para ello proponían que se prohibiera la religión confesional en la escuela (pública o privada) y en las instituciones del Estado; suprimir el presupuesto estatal para culto y clero; aprobar como único matrimonio oficial el civil; legalizar el divorcio; secularizar los cementerios; y disolver las órdenes religiosas cuyos reglamentos fueran opuestos a las leyes del Estado o no se sometieran al poder civil, como era el caso en aquella época de los jesuitas.
El 13 de mayo la Dirección General de Enseñanza Primaria emitió una circular concretando el decreto de 6 de mayo que había declarado como voluntaria para el alumnado la asistencia a enseñanza religiosa y eximía de impartirla a los maestros que no quisieran hacerlo.
El 21 de mayo un decreto declaraba obligatorio el título de maestro oficial para ejercer la enseñanza, ya que los frailes y monjas que impartían las clases carecían del mismo. Ello enfadó mucho a la cúpula eclesiástica.
Una Comisión nombrada por el Gobierno Provisional y presidida por el jurista católico liberal Ángel Ossorio Gallardo redactó un primer anteproyecto de Constitución en el que la solución dada a la “cuestión religiosa” respondía a los principios de la laicidad (positiva), en donde se establecía la separación del Estado de la religión pero, sin embargo, se reconocía un estatus especial a la Iglesia Católica al considerarla “Corporación de Derecho Público”; también se reconocía la libertad de conciencia, de religión y de cultos. No se planteaba la financiación del culto y el clero, ya que se daba por hecho que seguiría todo igual, lo mismo que con la Enseñanza.
La Iglesia católica oficial obcecada contra la II República, no reparó en la benevolencia y suavidad de estas primeras propuestas y las rechazó virulentamente.
Ante esta postura de tozuda intransigencia eclesial y por sus propios principios, también una mayoría política de la izquierda republicana y del partido socialista las rechazó; claro que por motivos totalmente opuestos.
Mientras todo esto ocurre, al margen de las Cortes, el presidente del Gobierno Provisional, el republicano católico y liberal Alcalá Zamora, y el ministro de Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, alcanzaban el 14 de septiembre, después de difícil negociación, unos “puntos de conciliación” con el nuncio del Vaticano el cardenal Tedeschini y con el cardenal Vidal Barraquer, que encabezaban el sector “posibilista” de la jerarquía eclesiástica, que estaban dispuestos a aceptar, como máximo, la no confesionalidad del Estado y una renuncia progresiva a que el Estado financiara el “culto y clero”, a cambio de la firma de un “Concordato” o de una espacie de ‘modus vivendi’ entre la Iglesia y el Estado, en donde aparecieran exenciones fiscales y, por supuesto, que no fueran disueltas las órdenes religiosas y se aceptase la “libertad de enseñanza”, es decir, que los colegios religiosos pudieran continuar como hasta entonces.
Estos acuerdos de conciliación se rechazaron porque la mayoría del Gobierno y de las Cortes, opinaron que consistían en seguir privilegiando fuertemente a la iglesia católica. Vamos, nuevamente “laicidad positiva”.
Hubo enconados enfrentamientos parlamentarios y en el seno de la sociedad, la prensa, etc., sobre todo con el debate del artículo 26 de la Constitución, así como los debates sobre cuestiones de derechos y libertades cívicas como el divorcio, el voto de las mujeres, etc.
La Constitución republicana y laica fue aprobada por una mayoría aplastante de los constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Por vez primera en la historia de España se implantaba un Estado laico, estableciendo un proyecto de convivencia laicista y por tanto, democrático, en cuanto a derechos cívicos y a una real separación del Estado de las religiones, en la línea que se venía desarrollando en diversas democracias modernas de la época.
Hoy, sin embargo, la confesionalidad está muy presente en el ámbito institucional y político español, a pesar de que la secularización de la sociedad es mucho más profunda que lo era entonces sobre todo entre la población más joven. Nuestros políticos, hoy, no parece que tengan en sus planes instaurar un Estado laico. Asuntos de Estado como por ejemplo el de las inmatriculaciones episcopales, con el expolio monumental del patrimonio histórico artístico público que han supuesto lo evidencian. La inclusión del catolicismo, el islam y demás religiones en la escuela pública delatan la intención de instaurar un Estado multiconfesional, que no laico.
Estas consideraciones se basan en las publicaciones de los historiadores Francisco Espinosa Maestre y José Mª García Márquez, y de Francisco Delgado Ruiz, ex presidente de Europa Laica.
Para profundizar en este tema sugiero la escucha de la charla que mantuvimos con estos historiadores sobre su libro Por la religión y la patria. La iglesia y el golpe militar de julio de 1936, Ed. Crítica, 2014, disponible en los podcats nº 214 a 216 de julio de 2015 en www.sintonialaica.blogspot.com :
https://sintonialaica.blogspot.com/2015/07/sintonia-laica-214-090715-por-la.html
https://sintonialaica.blogspot.com/2015/07/sintonia-laica-215-160715-por-la.html
https://sintonialaica.blogspot.com/2015/07/sintonia-laica-216-230715-por-la.html
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LOS ACUERDOS CON EL VATICANO DE 1979 DEBEN SER ANULADOS
Miguel Campillo Ortiz, director del programa Sintonía Laica, miembro de Europa Laica
26 de noviembre de 2021
Los concordatos son acuerdos, convenios o tratados entre la Santa Sede y un Estado con el propósito de regular sus relaciones en diversas materias. Durante la época moderna la firma de Concordatos con Roma se inscribe dentro de la política regalista[1] seguida por los Austrias, pero, sobre todo, por los Borbones en el siglo XVIII. El primer Concordato entre España y la Santa Sede se firma en 1737. El segundo se firmó en 1753 y permaneció en vigor hasta que se firmó el de 1851, con Isabel II. Durante la dictadura de Franco se firmó el Concordato de 1953, que oficialmente no se ha derogado. Inspirado en el nacionalcatolicismo de la época, se publicó en el BOE con este encabezamiento: “En el nombre de la Santísima Trinidad”.
Tras el Concilio Vaticano II y bajo el papado de Pablo VI, en 1966 se comenzó a negociar la renovación del Concordato de 1953, con un primer resultado, el Acuerdo de 1976. Sus dos artículos establecen el modo de designación de arzobispos y obispos y que los clérigos no estarían sometidos a la justicia ordinaria sino a la eclesiástica. Además, se nombraba al rey Juan Carlos como vicario general castrense.
Pero el paso decisivo para la reforma del Concordato de 1953 lo constituyeron los Acuerdos de 1979, que trataban de adecuar el Concordato a la proclamación de aconfesionalidad del Estado que estipulaba la Constitución Española de 1978. Los acuerdos fueron negociados en secreto por Marcelino Oreja, ministro de Exteriores del gobierno de Suárez, antes de que se aprobara la Constitución e incluso de que estuviera redactado el artículo sobre la libertad religiosa y no confesionalidad del Estado. Los Acuerdos se firmaron el 3 de enero, sólo cinco días después de entrar en vigor la Constitución. Constan de cuatro acuerdos:
§ Acuerdo sobre asuntos jurídicos, donde, entre otras cosas, el Estado reconoce efectos civiles al matrimonio canónico y el derecho de la Iglesia a ejercer libremente su misión apostólica, y garantiza la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios y hospitales.
§ Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. Establece la obligatoriedad en todos los centros docentes (BUP, EGBA y Formación Profesional) y en los de formación del profesorado de la asignatura confesional de religión católica, reservándose la Iglesia fijar el currículo de los libros de texto y designar a los profesores de Religión, pero pagados por el Estado y formando parte del claustro de profesores de los centros. Se reconoce asimismo a la Iglesia el derecho a organizar cursos voluntarios de enseñanza religiosa en los centros universitarios del Estado. Se recoge también "el derecho fundamental de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar", y se dice que la educación en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana. Este acuerdo estipula además que los medios públicos de comunicación deben velar en su programación por los sentimientos católicos (misas, eventos, opiniones, etc.).
A diferencia de los otros acuerdos, que fueron aprobados por amplia mayoría parlamentaria, en este los votos en contra alcanzaron una relevancia importante: en el Congreso fue aprobado por 178 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención, y en el Senado con 126 a favor, 61 en contra y ninguna abstención.
§ Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. Incluye la asistencia pastoral en el ámbito castrense. Crea la vicaría general castrense, con rango y emolumentos de arzobispo y general de división.
§ Acuerdo sobre asuntos económicos. Es un acuerdo clave. La Administración Pública se compromete a colaborar en el adecuado sostenimiento financiero de la Iglesia. Una garantía que nunca se ha aplicado a la salvaguardia de los servicios públicos (educación, sanidad, asistencia social y pensiones), ni siquiera en estos tiempos de crisis económica. Este sostenimiento se realizará mediante una fórmula mixta: en los 3 años siguientes a la firma de los acuerdos (es decir, hasta enero de 1982), subvencionando directamente a la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado (más de 6.000 millones de pesetas anuales) y, posteriormente, descontando cierta cantidad del impuesto general sobre la Renta.
Europa Laica cifra en torno a 12.000 millones de euros (más del 1% del PIB de España) los que se hurtan a los presupuestos de las administraciones públicas y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general que beneficiarían a toda la ciudadanía, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la institución que dice representarla: la Iglesia católica.
La existencia de la casilla dedicada a la asignación a la Iglesia Católica (IC) en la Declaración de la Renta -IRPF- supone detraer de los Presupuestos Generales del Estado unos 250 millones de € anuales (en 2020 han sido 301 millones), que la Iglesia Católica dedica casi en su totalidad a pagar los salarios del clero: sólo una mínima parte (2-3 %) se destinan a la labor asistencial de Cáritas, por lo que la publicidad que la Iglesia hace sobre este aspecto es engañosa.
Además, la Iglesia Católica disfruta de exenciones fiscales de todos los impuestos, excepto el IVA, con el IBI como más significativo, exención que se aplica a toda la “corporación IC”, aunque no tengan el culto como objetivo (fundaciones, congregaciones, colegios, hospitales, universidades católicas, etc.). Igualmente, la IC ni declara ni tributa por las cantidades recibidas por donativos, colectas, entradas a monumentos, etc.
Normas y leyes derivadas
La aplicación de los Acuerdos ha tenido su desarrollo en múltiples normas y leyes:
Ø LEY DE MECENAZGO, que blinda las exenciones fiscales de la IC al extenderlas como coartada a toda suerte de entidades “sin ánimo de lucro”.
Ø LEY DE HACIENDAS LOCALES, que concreta la exención fiscal del IBI a la IC para cualquier tipo de bienes, los dedicados al culto pero también los de uso mercantil o particulares.
Ø LEYES DE EDUCACIÓN, que articulan la religión confesional en la escuela. La enseñanza privada concertada (LOE-2006, PSOE), en su mayoría en manos de la IC, aunque no forme parte de los Acuerdos, está soportada por el erario público. Un buen negocio ideológico y económico.
Ø LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA, que solo regula lo religioso y las confesiones minoritarias, en lugar de una Ley de Libertad de Conciencia para todo tipo de convicciones.
Ø CÓDIGO PENAL: mantiene el anacrónico delito de blasfemia por ofensa a “los sentimientos religiosos”, en contra de la libertad de expresión.
Cuando el CIS realizó el primer estudio, en mayo de 1978, sobre las creencias religiosas o convicciones de los españoles, el 90,5 % de los españoles se consideraba católico. En el último, de octubre de 2021, el cambio es significativo: católicos practicantes: 17,5 %; católicos no practicantes (curiosa categoría): 37,9 %; no creyentes, ateos y agnósticos: 39,9 %.
Es evidente que la secularización de la sociedad española actual es mucho mayor que en 1978, cuando se negociaban los Acuerdos con la Santa Sede. Para Dionisio Llamazares Fernández, catedrático de Derecho eclesiástico de la Universidad Complutense de Madrid y director de la cátedra Fernando de los Ríos de Laicidad y Libertades Públicas de la Universidad Carlos III de Madrid, “El carácter de tratados internacionales de estos acuerdos se fundamenta en una ficción jurídica. Ni son un acuerdo entre Estados, ni son considerados como tales por la convención de Viena de 1969 (art. 3), con independencia de que tengan un valor jurídico similar.”
La anulación de los Acuerdos
Un Estado verdaderamente laico y aconfesional es incompatible con los Acuerdos suscritos en su día con la Santa Sede. Habría que proceder de inmediato a su denuncia y eliminación.
Para poner en marcha el mecanismo de la denuncia resulta necesario que el Ministro de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministro de Justicia, lo proponga, que el Consejo de Ministros lo acuerde (Art. 37.1 Ley 25/2014), y que las Cortes Generales mediante mayoría simple de cada una de las dos Cámaras autorice la denuncia.
El 18 de febrero de 2018 se votó una Proposición no de Ley, que no salió adelante, planteada por los partidos que hoy forman el gobierno y sus aliados en la que se instaba al gobierno del PP a denunciar y derogar dichos Acuerdos. Pero después, en el pacto de gobierno suscrito a comienzos de 2020 entre PSOE y Unidas Podemos, no se hacía ninguna referencia al asunto.
El presidente de Europa Laica ha manifestado: «No hay nada en esos artículos [16.3 y 27.3 de la Constitución] que obligue a los Gobiernos ni siquiera a la existencia de los Acuerdos, mucho menos a pagar los salarios de obispos y sacerdotes, o de miles de profesores de Religión y moral católica en las escuelas públicas». Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha afirmado: “Los Acuerdos del 79 durarán lo que dure la monarquía”.
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LOS ACUERDOS DEL 79 CON LA SANTA SEDE
Miguel Campillo Ortiz, director del programa Sintonía Laica, miembro de Europa Laica
31/01/2021
Los concordatos son acuerdos, convenios o tratados ente la Santa Sede y un Estado con el propósito de regular sus relaciones en diversas materias. Durante la época moderna hispana la firma de Concordatos con Roma se inscribe dentro de la política regalista seguida por los Austrias, pero, sobre todo, por los Borbones en el siglo XVIII. El primer Concordato entre España y la Sta. Sede se firma en 1737. El 2º se firmó en 1753, estando en vigor hasta que se firmó el de 1851.
Los países latinoamericanos tras su independencia durante la primera mitad del siglo XIX, fueron firmando concordatos con el papa Pío IX (1846-1878) en el decenio que va de 1851 a 1862, el primero de los cuales fue el firmado con Bolivia en 1851. Le siguieron los de Costa Rica (1852), Guatemala I (1851), Haití (1860), Ecuador I (1861) Honduras (1861), Nicaragua (1861), El Salvador (1862) y Venezuela (1962), a los que hay que agregar los firmados bajo el pontificado de su sucesor, León XIII (1878-1903): Ecuador II (1881), Guatemala II (1884) y Colombia (1887 y 1891).
España
P. Royo: “Los Acuerdos del 79 durarán lo que dure la monarquía”.
Tampoco en el Pacto de gobierno de coalición entre el PSOE y UP de principios de 2020 figura ninguna referencia a ello.
En una reciente proposición no de Ley votada el 18/02/18 por los partidos, entonces en la oposición y que ahora forman gobierno y/o lo han apoyado en sede parlamentaria, se instaba al gobierno a denunciar y derogar dichos Acuerdos.
-Para poner en marcha el mecanismo de la denuncia resulta necesario que el Ministro de Asuntos Exteriores, en coordinación con el Ministro de Justicia, lo proponga y que el Consejo de Ministros lo acuerde (Art. 37.1 Ley 25/2014), y que las Cortes Generales mediante mayoría simple de cada una de las dos Cámaras autorizase la denuncia.
-El Concordato de 1953 se publicó en el BOE con este encabezamiento: “En el nombre de la Santísima Trinidad”. Concordato de 1953 que oficialmente no se ha derogado.
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa, de 21 de diciembre de 1994.
Tras el Concilio Vaticano II y bajo el papado de Pablo VI, en 1966 se comenzó a negociar la renovación del Concordato de 1953. Fruto de ello sería el Acuerdo de 1976. Sus dos artículos establecen el modo de designación de arzobispos y obispos y que los clérigos no estarían sometidos a la justicia ordinaria sino a la eclesiástica.
Ya con Juan Pablo II se reanudan las beatificaciones de “mártires” de la guerra civil y se prosigue la negociación:
ACUERDO SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS, donde, entre otras cosas, el Estado reconoce efectos civiles al matrimonio canónico y el derecho de la Iglesia a ejercer libremente su misión apostólica, y garantiza la asistencia religiosa en los establecimientos penitenciarios y hospitales.
Ya en febrero de 1977, la Conferencia Episcopal publica una Nota sobre los problemas actuales de la enseñanza y dos declaraciones: La enseñanza religiosa en la escuela, en junio y Declaración sobre planteamientos actuales de la enseñanza en septiembre. Estos documentos, apelando al catolicismo sociológico y cultural de España planteaban el derecho de la iglesia a servirse de la escuela pública para llevar a cabo su misión evangelizadora.
ACUERDO SOBRE ENSEÑANZA Y ASUNTOS CULTURALES. Establece:
- La obligatoriedad de la asignatura confesional de religión católica en todos los centros docentes, y en los de formación del profesorado, donde la iglesia fija el currículo de los libros de texto.
- Impartida por “profesores de religión” pagados por el Estado pero designados a criterio de IC, y formando parte del claustro del centro.
- Los medios públicos de comunicación deben velar por los sentimientos católicos en su programación (misas, eventos, opiniones, etc.). sobre enseñanza recoge "el derecho fundamental de los padres a elegir la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar", la norma de que 1a educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana" y la inclusión de la enseñanza católica en todas las escuelas de BUP, EGB y Formación Profesional, así como el derecho de la Iglesia a organizar cursos voluntarios de enseñanza religiosa en los centros universitarios del Estado.
A diferencia de los otros acuerdos, que fueron aprobados por amplia mayoría parlamentaria, el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, donde los votos en contra alcanzaron una relevancia importante: en el Congreso fue aprobado por 178 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención, y por el Senado con 126 a favor, 61 en contra y ninguna abstención.
ACUERDO SOBRE ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS FF.AA., incluye la asistencia pastoral en el ámbito castrense. Crea la vicaría general castrense, con rango y emolumentos de arzobispo y general de división.
ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS entre el Estado y la Iglesia, la Admón. pública se compromete a colaborar en el adecuado sostenimiento financiero de la Iglesia. Una garantía que nunca se ha aplicado a la salvaguardia de los servicios públicos (educación, sanidad, asistencia social y pensiones) ni siquiera en estos tiempos de crisis económica. Este sostenimiento se realizará mediante una fórmula mixta: en los 3 años siguientes a la firma de los acuerdos (es decir, hasta enero de 1982), subvencionando directamente a la Iglesia a través de los Presupuestos Generales del Estado (más de 6.000 millones de pesetas anuales) y, posteriormente, descontando cierta cantidad del impuesto general sobre la Renta.
Europa Laica cifra en torno a 12.000 M€ (más del 1 % del PIB de España) los que se hurtan a los presupuestos de las administraciones públicas y, por tanto, no están disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a todxs lxs ciudadanxs, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo ello en beneficio de los intereses de una creencia particular y de la Institución que dice representarla: la Iglesia católica.
- La existencia de la casilla a IC en la Declaración de la Renta-IRPF por la que se detraen de los PGE unos 250 millones de € anuales (en 2020 han sido 301 millones) que IC los dedica casi en su totalidad a pagar los salarios del clero y tan solo una mínima parte (2-3%) para la labor asistencial de Cáritas, siendo engañosa la publicidad que IC hace sobre este aspecto.
- La IC disfruta de exenciones fiscales de todos los impuestos, excepto el IVA, con el IBI como más significativo, aplicando a toda la “corporación IC” aunque no tengan el culto como objetivo (fundaciones, congregaciones, colegios, hospitales, universidades católicas, etc.)
- La IC ni declara ni tributa por las cantidades recibidas por donativos, colectas, entradas a monumentos, etc.
NORMAS Y LEYES DERIVADAS
La aplicación de los Acuerdos ha tenido su desarrollo en múltiples normas y leyes.
- LEY DE MECENAZGO, que blinda las exenciones fiscales de IC al extenderlas como coartada a toda suerte de entidades “sin ánimo de lucro”.
- LEY DE HACIENDAS LOCALES, que concreta la exención fiscal del IBI a IC, para cualquier tipo de bienes, los dedicados al culto pero también los de uso mercantil o particulares.
- LEYES DE EDUCACIÓN, que articula la religión confesional en la escuela. La enseñanza privada concertada (LOE-2006, PSOE), en su mayoría en manos de IC, aunque no forme parte de los Acuerdos, está soportada por el erario público. Un buen negocio ideológico y económico.
- LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA, que solo regula lo religioso y las confesiones minoritarias, en lugar de una Ley de Libertad de Conciencia para todo tipo de convicciones.
- CÓDIGO PENAL, con el anacrónico delito de blasfemia por ofensa a “los sentimientos religiosos”, en contra la libertad de expresión.
Cuando el CIS realizó el primer estudio, en mayo de 1978, sobre las creencias religiosas o convicciones de los españoles, el 90,5% de los españoles se consideraba católico. En el último, de octubre de 2021, el cambio es significativo: Católicos practicantes: 17,5%; Católicos no practicantes (curiosa pregunta): 37,9%; No creyente, ateo, agnóstico: 39,9%
Es evidente que la secularización de la sociedad española actual es mucho mayor que en 1978, cuando se negociaban los Acuerdos con la Sta. Sede.
Para Dionisio Llamazares Fernández, Univ. Complutense de Madrid, Director de la cátedra Fernando de los Ríos de Laicidad y Libertades Públicas de la Univ. Carlos III de Madrid : “El carácter de tratados internacionales de estos acuerdos se fundamenta en una ficción jurídica. Ni son un acuerdo entre Estados, ni son considerados como tales por la convención de Viena de 1969 (art. 3), con independencia de que tengan un valor jurídico similar.”
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A VUELTAS CON LAS INMATRICULACIONES
Fermín Novo Fernández y Miguel Campillo Ortiz, miembros de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla
29 de enero de 2021
Recientemente hemos tenido noticias sobre el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. En el Congreso, el pasado 22 de Diciembre, fue presentada por el Grupo Parlamentario Republicano y el de Euskal Herria Bildu una Proposición no de Ley para reclamar la reversión de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia. Al día siguiente, un juzgado tumbó el dictamen del Consejo de Transparencia que exigía al Gobierno la publicación del listado de dichos bienes.
Es posible que, a estas alturas, alguien todavía no sepa que la inmatriculación es, simple y llanamente, dar de alta por primera vez en el Registro de la Propiedad un bien inmueble y que, para ello, el que lo inscribe debe aportar la documentación y/o los testimonios fidedignos que acrediten su propiedad. Esto es así para el común de los mortales, pero para la Iglesia Católica rigen otras normas.
Gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria franquista de 1946, la Iglesia Católica queda equiparada a las Administraciones Públicas para inscribir cualquier dominio que carezca de título, mediante una certificación expedida por el Diocesano correspondiente. O sea, el obispo señala un bien y el registrador lo inscribe a nombre de la Iglesia. Así fue durante los cuarenta años de Franco…, así ha seguido siendo hasta 2015…, y así la Iglesia Católica se ha convertido en la mayor empresa inmobiliaria del país.
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ATENEO REPUBLICANO DE ANDALUCÍA
Miguel Campillo Ortiz, Coordinador del Febrero Republicano de Sevilla, Vicepresidente del Ateneo Republicano de Andalucía Manuel Armenta Juan M. Valencia Rodríguez
6 de diciembre de 2019
El 4 de diciembre de 2019 se ha constituido en Sevilla el Ateneo Republicano de Andalucía.
Propugna la República como un sistema más igualitario y democrático, y como forma mejor para alcanzar un verdadero Estado laico.
En una reunión celebrada en Sevilla el pasado 4 de diciembre, efemérides de la gran movilización por nuestra autonomía, ha quedado constituido el Ateneo Republicano de Andalucía. Como Presidente de la nueva entidad ha sido elegido Francisco Sierra Caballero, catedrático de Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
La nueva asociación republicana nace para Promover en la ciudadanía la aspiración de alcanzar un Estado republicano, social y democrático de derecho, emanado de los siguientes principios y consideraciones:
1.- La República es un sistema más igualitario y democrático, puesto que hace de la Jefatura del Estado una institución resultado de la libre elección de la ciudadanía o de sus representantes.
La Monarquía es una forma de gobierno anacrónica, herencia de sociedades elitistas anteriores a la época democrática, y que se fundamenta en el principio de superioridad de una familia sobre las demás. Rechazamos ese principio de desigualdad que otorga mayor dignidad y derechos a una determinada familia.
La actual Monarquía española adolece de una falta de legitimidad de origen, como heredera designada por una dictadura que durante décadas privó de libertades a los españoles, tras acabar por la fuerza y con ayuda extranjera con el régimen legal de la II República. Aunque la Constitución monárquica de 1978 fue votada favorablemente en referéndum, es innegable su déficit democrático de partida: se le hurtó al pueblo español la posibilidad de elegir de manera específica la forma de Gobierno. La restauración de la Monarquía, impuesta por Franco en 1947, se presentaba como intocable. La Constitución nacía, por tanto, hipotecada por las limitaciones exigidas por los poderosos residuos del franquismo.
2.- La República es la mejor forma de construir un Estado verdaderamente laico, en el que exista una separación estricta entre las religiones y el Estado, entre los asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía, y los sentimientos y creencias religiosas, que corresponden a la conciencia individual de cada persona. La Monarquía ha tenido siempre vínculos estrechos con la religión, y la supuesta aconfesionalidad de la actual Constitución monárquica queda desmentida por la financiación de la Iglesia católica a través de los impuestos recaudados por el Estado, la tolerancia con las inmatriculaciones de bienes públicos que ha efectuado, la participación oficial de cargos públicos en actos religiosos, etc. Defendemos la libertad de conciencia y pensamiento de las personas, la libertad de religión y de culto de los creyentes. Pero entendemos que ha de suprimirse la financiación pública de todas las religiones.
El Ateneo concibe la República como un Estado social, profundamente democrático e igualitario, que reconoce las identidades de las nacionalidades y los pueblos y su capacidad de autogobierno. Asume los valores republicanos, entre los que se destacan la igualdad, el feminismo en defensa de los derechos de la mujer, la solidaridad que trabaja por el bien común, la felicidad, la justicia y la paz. Propugna una democracia más profunda en la que se estimule la participación política de la ciudadanía y se desarrollen la libertad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, y que reconozca el derecho a la memoria, justicia y reparación de todas las víctimas del franquismo.
La República que se quiere otorgará atención preferente al Bienestar Social de la población, defendiendo los servicios públicos como garantía de la igualdad efectiva de los ciudadanos, y un sistema fiscal justo y progresivo que asegure su sostenimiento. Reconocerá la diversidad de los pueblos de España, que ha de plasmarse en una organización territorial descentralizada, en la forma en que determine la voluntad mayoritaria de la ciudadanía a través de un proceso constituyente, en la que Andalucía esté reconocida como nacionalidad histórica y con capacidad real de autogobierno. Una República que despliegue el amor a la Naturaleza y la preservación del medio natural, hoy gravísimamente amenazado por la emergencia climática.
Para el cumplimiento de sus fines el Ateneo Republicano de Andalucía fomentará la difusión de los valores republicanos, impulsará la creación de Ateneos republicanos locales en toda Andalucía y promoverá cuantas actividades legales sean eficaces para la consecución de la República.
El Ateneo Republicano de Andalucía es un espacio social, cultural y político independiente, no vinculado con ninguna alternativa partidista, ni coalición electoral. Nace como una asociación abierta a la participación en ella de todas las personas que compartan sus principios y valores republicanos y progresistas.
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¿Democracia? Mejor Laocracia.
Miguel Campillo Ortiz, director del programa Sintonía Laica, miembro de Europa Laica
En 2011 comenzó a emitirse en “Radiópolis, la radio de la ciudadanía” Sintonía Laica (http://sintonialaica.blogspot.com), un programita de radio para el debate, la difusión y la acción del laicismo a través de las distintas voces (creyentes, agnósticas o ateas), y una vez al mes, durante casi un año, el programa se subtituló Entre arcángeles: Rafael Iglesias (laicista agresivo anti Teo) y yo (laicista) nos divertimos mostrando su Pater Monster, su Klero Borroca, mi Clero Borrico… Al final tuvo una aparición efímera Gabriel. La idea era mostrar dos de las muchas actitudes que hay dentro del laicismo, todas respetuosas con la persona creyente.
En la antigüedad griega el laos (pueblo) designaba a toda la población sin distinción. Al laos pertenecían los niños, las mujeres, los esclavos, los campesinos no propietarios, los extranjeros…personas que no tenían poder de decisión en los asuntos de la polis. De ese laos surge el demos, que también significa pueblo, pero lo constituían los artesanos, los propietarios, los militares…eran quienes en asamblea tomaban las decisiones de la comunidad, dando origen a la palabra democracia.
Al añadir a laos el sufijo ikos (pertenencia a) tenemos laikos, “los que pertenecen al pueblo”. Parece ser que en las primeras traducciones de la Biblia del hebreo al griego laikos designa lo que “no es consagrado a Dios”. En la Edad Media la Iglesia hará de los laicos una categoría religiosa y aún hoy los clérigos hablan de laicos y laicado. De esta época es el vocablo lego (“que no es clérigo”).
El laicismo propone un modelo de convivencia basado en tres pilares fundamentales: 1) Libertad de conciencia (que incluye la libertad religiosa) y pensamiento; 2) Igualdad de trato, sin privilegios, independientemente de a qué religión o convicción filosófica se adhiera la persona y 3) Universalidad de la razón pública, es decir, que la razón de ser del Estado es lograr la justicia social, el bien común (el laicismo es firme defensor de lo público). Son principios recogidos en las actuales normativas internacionales de Derechos Humanos suscritas por España y, según el grado de realización práctica que ha llegado un país indica el grado de calidad democrática del mismo.
Hoy España, tras cuarenta y tantos años de “democracia” (?), sigue siendo el 2º país del mundo con más desaparecidos, tras Camboya, y la momia Franco sigue en su mausoleo; el policía torturador González Pacheco alias Billy el Niño sigue condecorado y libre; la Ley Mordaza no se deroga; el Estado amnistía fiscalmente a según qué defraudadores; el gobierno (PSOE) no publica la lista de decenas de miles de inmatriculaciones perpetradas por los obispos al amparo de la ley hipotecaria franquista de 1946, en lo que es un expolio descomunal al patrimonio común; ningún partido parece asumir con seriedad la denuncia y derogación de los Acuerdos concordatarios suscritos entre el Estado español y la Sta. Sede en 1979, pero negociados mucho antes. Son sólo unas pocas muestras de nuestro déficit democrático. También otros muchos países vulneran derechos fundamentales (véase la actual política sobre inmigraciones de la UE).
¿Y si los griegos, en vez de inventar la democracia, hubieran desarrollado la laocracia?
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EL MAYOR EXPOLIO AL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA: LAS INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA
Miguel Campillo Ortiz, Director del programa “Sintonía Laica”.
Juan Manuel Valencia Rodríguez, Coordinador del blog https://vientodejustocambio.blogspot.com/
2/10/2018
Los hechos
En las últimas décadas la jerarquía de la Iglesia Católica ha desplegado una práctica generalizada y voraz de inmatriculaciones de bienes, es decir, está inscribiendo a su nombre en los Registros de la Propiedad miles de inmuebles que no estaban inscritos antes, de los que por tanto no había constancia de que fueran propiedad de nadie. La mayor parte de ellos formaban parte del patrimonio público.
La tipología de los bienes inmatriculados es muy diversa, pues no se limita a edificios de carácter religioso –catedrales, iglesias, santuarios, ermitas, incluyendo templos construidos por suscripción popular o pertenecientes a Hermandades-, sino que se extiende a viviendas, casas parroquiales, casas de maestros, campos de fútbol, frontones, cementerios, locales comerciales, garajes, murallas, fuentes y plazas públicas, montes, huertos, viñedos y otras fincas rústicas, quioscos públicos, bungalows, y hasta un local de cazadores de Posadas o un video-club en Priego.
La magnitud y número de estas acciones evidencian que se trata de una actuación planificada por la jerarquía católica, que además ha operado de manera absolutamente opaca, clandestina, de manera que al día de hoy no sabemos cuántos bienes ha inmatriculado. La Iglesia reconoce estar en posesión de 24.000 inmuebles religiosos, a lo que habría que sumar otros tantos no relacionados con la actividad religiosa, lo que hace suponer que en toda España la cifra puede alcanzar entre los 40.000 y los 60.000 bienes.
Entre los casos más emblemáticos se encuentran la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza, que proporcionan a la Iglesia ingresos millonarios, por los cuales ni declaran ni tributan a la Hacienda pública.
La
Mezquita, inmatriculada en el año 2006, genera entre 12 y 15
millones de euros al año. Para acceder a la misma el Obispado
cordobés exige el pago de una entrada que solo puede satisfacerse en
efectivo y sin acreditación del cobro, no se da factura.
Ha habido intentos de desahucios de inquilinos, entre ellos una mujer de Lizoain (Navarra), de 88 años, que llevaba viviendo en alquiler 36 años en la Casa Parroquial, inmatriculada por la diócesis. A la petición por la juez de dejarla por el tiempo que durase su vida, el arzobispo contestó que no le concedía “ni un minuto más”. Finalmente la movilización vecinal impidió el desahucio.
Se trata sin duda del mayor escándalo inmobiliario de la Historia de España, un expolio de dimensiones descomunales que afecta a bienes culturales de dominio público de un valor incalculable. El patrimonio colectivo de los españoles queda así cercenado de manera brutal. Además, dada la organización jerárquica de la Iglesia Católica, significa poner ese inmenso caudal de bienes en manos de un Estado extranjero, el Vaticano.
Dos normas franquistas y una de Aznar, bases legales de las actuaciones
Las inmatriculaciones efectuadas por la jerarquía eclesiástica se fundamentan originalmente en dos disposiciones legales de la dictadura de Franco: el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que asemejaba a la Iglesia Católica con la Administración Pública, permitiéndole la inscripción registral de inmuebles con una simple certificación, y el artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, que equiparaba a los obispos con los notarios y les facultaba para expedir dichos certificados. De manera que el procedimiento utilizado por la jerarquía eclesiástica resultaba muy sencillo: el obispo de la diócesis correspondiente certifica que la Iglesia es propietaria de un bien no inscrito, va al Registro, y sin presentar otro título de dominio, con esa sola autocertificación, inscribe la propiedad o dominio del bien.
En estos preceptos legales franquistas se excluía el registro de los templos y lugares de culto, que en su mayor parte eran bienes históricos y de carácter público, pese a lo cual en los años 80 se inmatricularon muchas iglesias y ermitas. En 1998 Aznar dio cobertura legal a esa práctica, al eliminar la exclusión registral de los templos. A partir de entonces quedaba abierto el camino para el expolio por la Iglesia del rico patrimonio histórico y cultural español. Las inmatriculaciones de la Iglesia anteriores a 1978 son muy escasas, pero, visto lo fácil del mecanismo, la Iglesia hizo un rastreo de los bienes no registrados, y desde 1998 hasta el 2015 esta práctica adquirió un ritmo desenfrenado.
Quedaba un flanco legal al descubierto: la posibilidad de que las inmatriculaciones de la Iglesia fueran declaradas nulas de pleno derecho en bloque mediante un recurso de inconstitucionalidad directo, dada la evidente inconstitucionalidad de las normas mencionadas (lo que se llama constitucionalidad sobrevenida). Pero nadie lo presentó: el Letrado Mayor de la Junta de Andalucía se negó a instarlo en su día, tampoco lo hizo el Congreso, y ningún juez elevó una cuestión previa de inconstitucionalidad, teniendo potestad para ello.
Ruiz-Gallardón, en su etapa como Ministro de Justicia, advirtió ese peligro, y para anularlo promovió la derogación de las normas franquistas, que consumó en 2015 su sucesor Rafael Catalá: ya no podía pedirse la inconstitucionalidad de una norma inexistente. Esto venía a suponer una “amnistía registral”, y a partir de entonces la única vía legal es la reclamación individualizada de cada bien inmatriculado, con la desventaja de que una vez inscrito un bien, la presunción corre a favor de la persona que ha inscrito dicho bien, y es quien impugna su propiedad quien debe demostrar que ese bien no pertenece a la Iglesia. Como además la jerarquía de la Iglesia actuó clandestinamente y no sabemos aún cuáles son todos esos bienes expoliados, la dificultad legal es mayúscula.
Todo ello revela la íntima relación entre la Iglesia y Gobiernos, franquistas y del PP.
Devolver los bienes expoliados al Patrimonio Público
La solución más sencilla sería que la jerarquía de la Iglesia Católica española, con el refrendo del Vaticano, reconociese lo incorrecto de su proceder y anulase las inmatriculaciones. Sería ingenuo pensar que eso es posible, pero las asociaciones y comunidades cristianas de base están demandando a la jerarquía católica la devolución del patrimonio público expoliado.
Es de vital importancia que se dé a conocer ya, como vienen exigiendo las plataformas ciudadanas y han prometido los últimos gobiernos al ser un mandato aprobado por el Congreso de los Diputados, el listado completo de los bienes inmatriculados. Ha de exigirse la nota simple de cada registro, pues a menudo tras una iglesia inscrita hay múltiples bienes anexos.
El recurso ganado por una empresa ganadera de Ucieza (Palencia), ha abierto una vía nueva para intentar restaurar la legalidad vulnerada: el Tribuna Europeo de derechos Humanos de Estrasburgo.
Nosotros no somos juristas, no estamos capacitados para señalar las posibles vías legales que permitan la reversión al patrimonio público de los bienes incautados. Lo que sí tenemos claro es que la Iglesia ha actuado de manera fraudulenta, apropiándose de manera clandestina de bienes públicos. Aunque muchos de ellos tengan aún uso religioso, son bienes de valor artístico, cultural e histórico de carácter público, erigidos en los siglos pasados con el esfuerzo y las contribuciones forzadas del común de la población, y en muchos casos restaurados con fondos públicos, tanto españoles como de la Unión Europea. La ciudadanía debe movilizarse, presionar al Congreso de los Diputados y al Gobierno para que encuentren las soluciones legales para la reversión del patrimonio público, y exigir a la jerarquía católica española y al Vaticano que anulen esas actuaciones indignas e impropias de las doctrinas que dicen defender.
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LA IGLESIA, GAS INNOBLE
Miguel Campillo Ortiz, director del programa Sintonía Laica, miembro de Europa Laica
16/08/2012
El pasado 14 de agosto fue inaugurada por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el arzobispo, Juan José Asenjo, la estatua a Karol Wojtila, para los católicos papa peregrino Juan Pablo II. Veinte metros cuadrados del espacio público y cuatro metros de altura, o sea, ochenta metros cúbicos, albergarán el ya cotidiano homenaje en bronce a este personaje. La iniciativa ha sido promovida por la asociación Pro Monumento a Juan Pablo II en Sevilla, que curiosamente se autodefine “apolítica y aconfesional”. En la placa reza “Sevilla a Juan Pablo II”, como si toda la ciudadanía sevillana perteneciera a esa asociación.
¿Y qué hizo Wojtila por la Humanidad para ser canonizado por la Iglesia, y para que en Sevilla, además de ser homenajeado con una avenida también lo sea con una estatua en pleno centro monumental? Recordemos que sucedió a Albino Luciani, autonombrado Juan Pablo I por su deseo de continuar la política iniciada por sus antecesores Juan XXIII y Pablo VI. Este propósito y su enfrentamiento con el todopoderoso arzobispo norteamericano Paul Marzinkus, el “banquero de dios”, no parecen ser ajenos a su prematura y sospechosa muerte.
La época de la guerra fría tocaba a su fin. El Pacto de Varsovia se descomponía y el imperialismo norteamericano veía nuevos mercados en él, y para conseguirlos qué mejor aliada que la Iglesia Católica encabezada por un papa polaco anticomunista. Comienza el acoso al Pacto de Varsovia en Polonia, con la financiación ilegal del sindicato Solidaridad a través del Banco Vaticano, una vez restituido Marzinkus al frente de éste. Más tarde será Yugoslavia, donde el Vaticano no dudará en alentar una guerra, guerra que se inició por parte de los católicos independentistas de Eslovenia y Croacia, que desataron la limpieza étnica frente a los ortodoxos serbios y los musulmanes bosnios.
Enseguida el tándem Ronald Reagan-Margaret Thatcher-Juan Pablo II procederán a instaurar el Nuevo Orden neoliberal. Juan Pablo II bendecirá la economía de mercado en su encíclica Centesimus annus; del Padre Nuestro cambiará la frase “perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores” por “perdónanos nuestras ofensas como nosotros personamos a quienes nos ofenden”, quitándoles así de la cabeza a los países tercermundistas que les condonaran la deuda.
En América Latina el papado de Juan Pablo II se caracterizó por la podredumbre y la indecencia. La relación del narcotráfico con la Iglesia Católica fue poco menos que evidente. Con el consentimiento de Juan Pablo II, las jerarquías eclesiásticas de Chile y Argentina apoyaron la represión ejercida por las dictaduras militares. Martillo de la Teología de la Liberación, hasta tres veces fue monseñor Romero a Roma a pedirle protección. Juan Pablo II ni siquiera lo recibió. Romero sería asesinado poco después, al igual que el español Ignacio Ellacuría y muchos otros. Sin embargo protegió y encubrió a Marcial Maciel, abusador sexual de menores y fundador de los Legionarios de Cristo.
Nos enseñaron en el bachillerato que los gases tienden a expandirse, ocupando el máximo volumen del recipiente que los contiene, adoptando la forma de éste. Y aquella Ley de Boyle-Mariotte nos demostraba que en los gases había una relación inversamente proporcional entre volumen y presión: a mayor presión, menor volumen ocupa el gas. La Iglesia Católica, cual gas innoble, también tiende a ocuparlo todo: las mentes de los niños, el aparato reproductor de las mujeres, la vía pública…Y como la presión del Estado sobre la Iglesia es cero, esta vuelve a ocuparlo todo, como en los mejores tiempos del nacionalcatolicismo. ¡Qué contenta la sevillanía! De seguir así, tendremos que salir a la calle con una máscara antigas.
Leído en Sintonía Laica 83 17/08/12 (https://www.ivoox.com/sintonia-laica-83-17-08-12-audios-mp3_rf_1383253_1.html )
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LA BANDERA
14-X-2007
Asistimos a la pataleta de los partidos a la izquierda del Partido Peligroso (PSOE e IU) por la dichosa banderita. Se quejan de que el PP se la apropia, olvidando que desde 1936 fue la suya y no la de ellos. Y digo yo que los ponentes de PSOE y PSUC de la Constitución del 78 podían haberse mostrado intransigentes al menos en la cuestión simbólica, sí, pero puramente ornamental, de decidir qué colores iba a llevar la cinta que envolvería el magno paquete normativo. Pues ni en eso. ¿Padecerían daltonismo nuestros Solé Tura y Peces Barba? ¿Falta de ideas en lo plástico?
Porque si de lo que se trataba era de inaugurar un nuevo régimen (democrático) en España, qué mejor forma de visualizárselo al viandante que colocando una bandera nueva en las fachadas oficiales. Ni la republicana ni la franquista. Una nueva.
Se me ocurre, por ejemplo, haberle añadido nuevas franjas –verde, blanca, etc.- que aludieran a los colores de las Comunidades Autonómicas. Claro que podría confundirse con la del Orgullo Gay y eso, en este país de machotes... ¿Y si, en agradecimiento a esos EE.UU. que tanto nos quiere y a quien tanto debemos, le hubiéramos colocado a la bandera un cuadrado con las 17 estrellitas que representaran a las Comunidades Autonómicas? Y cada estrella con sus colores –verde y blanca la estrella andaluza, azul y blanca la estrella gallega, etc.- No, burdo peloteo.
¡Ya está! Debieron proponer que las tres franjas rojigualdas, en lugar de horizontales fueran verticales, en clara alusión a la dirección celestial que iban a dar a nuestro criptoconfesional régimen democrático. Y se habría acabado la apropiación partidaria del símbolo ondeante.
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