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EL MAYOR EXPOLIO AL PATRIMONIO PÚBLICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA: LAS INMATRICULACIONES DE LA IGLESIA CATÓLICA

Miguel Campillo Ortiz, Director del programa “Sintonía Laica”.

Juan Manuel Valencia Rodríguez, Coordinador del blog https://vientodejustocambio.blogspot.com/ 

2/10/2018

Los hechos

En las últimas décadas la jerarquía de la Iglesia Católica ha desplegado una práctica generalizada y voraz de inmatriculaciones de bienes, es decir, está inscribiendo a su nombre en los Registros de la Propiedad miles de inmuebles que no estaban inscritos antes, de los que por tanto no había constancia de que fueran propiedad de nadie. La mayor parte de ellos formaban parte del patrimonio público.

La tipología de los bienes inmatriculados es muy diversa, pues no se limita a edificios de carácter religioso –catedrales, iglesias, santuarios, ermitas, incluyendo templos construidos por suscripción popular o pertenecientes a Hermandades-, sino que se extiende a viviendas, casas parroquiales, casas de maestros, campos de fútbol, frontones, cementerios, locales comerciales, garajes, murallas, fuentes y plazas públicas, montes, huertos, viñedos y otras fincas rústicas, quioscos públicos, bungalows, y hasta un local de cazadores de Posadas o un video-club en Priego.

La magnitud y número de estas acciones evidencian que se trata de una actuación planificada por la jerarquía católica, que además ha operado de manera absolutamente opaca, clandestina, de manera que al día de hoy no sabemos cuántos bienes ha inmatriculado. La Iglesia reconoce estar en posesión de 24.000 inmuebles religiosos, a lo que habría que sumar otros tantos no relacionados con la actividad religiosa,  lo que hace suponer que en toda España la cifra puede alcanzar entre los 40.000 y los 60.000 bienes.

Entre los casos más emblemáticos se encuentran la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza, que proporcionan a la Iglesia ingresos millonarios, por los cuales ni declaran ni tributan a la Hacienda pública. 

La Mezquita, inmatriculada en el año 2006, genera entre 12 y 15 millones de euros al año. Para acceder a la misma el Obispado cordobés exige el pago de una entrada que solo puede satisfacerse en efectivo y sin acreditación del cobro, no se da factura.

Ha habido intentos de desahucios de inquilinos, entre ellos una mujer de Lizoain (Navarra), de 88 años, que llevaba viviendo en alquiler 36 años en la Casa Parroquial, inmatriculada por la diócesis. A la petición por la juez de dejarla por el tiempo que durase su vida, el arzobispo contestó que no le concedía “ni un minuto más”. Finalmente la movilización vecinal impidió el desahucio.

Se trata sin duda del mayor escándalo inmobiliario de la Historia de España, un expolio de dimensiones descomunales que afecta a bienes culturales de dominio público de un valor incalculable. El patrimonio colectivo de los españoles queda así cercenado de manera brutal. Además, dada la organización jerárquica de la Iglesia Católica, significa poner ese inmenso caudal de bienes en manos de un Estado extranjero, el Vaticano.

Dos normas franquistas y una de Aznar, bases legales de las actuaciones

Las inmatriculaciones efectuadas por la jerarquía eclesiástica se fundamentan originalmente en dos disposiciones legales de la dictadura de Franco: el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, que asemejaba a la Iglesia Católica con la Administración Pública, permitiéndole la inscripción registral de inmuebles con una simple certificación, y el  artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, que equiparaba a los obispos con los notarios y les facultaba para expedir dichos certificados. De manera que el procedimiento utilizado por la jerarquía eclesiástica resultaba muy sencillo: el obispo de la diócesis correspondiente certifica que la Iglesia es propietaria de un bien no inscrito, va al Registro, y sin presentar otro título de dominio, con esa sola autocertificación, inscribe la propiedad o dominio del bien.

En estos preceptos legales franquistas se excluía el registro de los templos y lugares de culto, que en su mayor parte eran bienes históricos y de carácter público, pese a lo cual en los años 80 se inmatricularon muchas iglesias y ermitas. En 1998 Aznar dio cobertura legal a esa práctica, al eliminar la exclusión registral de los templos. A partir de entonces quedaba abierto el camino para el expolio por la Iglesia del rico patrimonio histórico y cultural español. Las inmatriculaciones de la Iglesia anteriores a 1978 son muy escasas, pero, visto lo fácil del mecanismo, la Iglesia hizo un rastreo de los bienes no registrados, y desde 1998 hasta el 2015 esta práctica adquirió un ritmo desenfrenado.

Quedaba un flanco legal al descubierto: la posibilidad de que las inmatriculaciones de la Iglesia fueran declaradas nulas de pleno derecho en bloque mediante un recurso de inconstitucionalidad directo, dada la evidente inconstitucionalidad de las normas mencionadas (lo que se llama constitucionalidad sobrevenida). Pero nadie lo presentó: el Letrado Mayor de la Junta de Andalucía se negó a instarlo en su día, tampoco lo hizo el Congreso, y ningún juez elevó una cuestión previa de inconstitucionalidad, teniendo potestad para ello.

Ruiz-Gallardón, en su etapa como Ministro de Justicia, advirtió ese peligro, y para anularlo promovió la derogación de las normas franquistas, que consumó en 2015 su sucesor Rafael Catalá: ya no podía pedirse la inconstitucionalidad de una norma inexistente. Esto venía a suponer una “amnistía registral”, y a partir de entonces la única vía legal es la reclamación individualizada de cada bien inmatriculado, con la desventaja de que una vez inscrito un bien, la presunción corre a favor de la persona que ha inscrito dicho bien, y es quien impugna su propiedad quien debe demostrar que ese bien no pertenece a la Iglesia. Como además la jerarquía de la Iglesia actuó clandestinamente y no sabemos aún cuáles son todos esos bienes expoliados, la dificultad legal es mayúscula. 

Todo ello revela la íntima relación entre la Iglesia y Gobiernos, franquistas y del PP.

Devolver los bienes expoliados al Patrimonio Público

La solución más sencilla sería que la jerarquía de la Iglesia Católica española, con el refrendo del Vaticano, reconociese lo incorrecto de su proceder y anulase las inmatriculaciones. Sería ingenuo pensar que eso es posible, pero las asociaciones y comunidades cristianas de base están demandando a la jerarquía católica la devolución del patrimonio público expoliado.

Es de vital importancia que se dé a conocer ya, como vienen exigiendo las plataformas ciudadanas y han prometido los últimos gobiernos al ser un mandato aprobado por el Congreso de los Diputados, el listado completo de los bienes inmatriculados. Ha de exigirse la nota simple de cada registro, pues a menudo tras una iglesia inscrita hay múltiples bienes anexos. 

El recurso ganado por una empresa ganadera de Ucieza (Palencia), ha abierto una vía nueva para intentar restaurar la legalidad vulnerada: el Tribuna Europeo de derechos Humanos de Estrasburgo.

Nosotros no somos juristas, no estamos capacitados para señalar las posibles vías legales que permitan la reversión al patrimonio público de los bienes incautados. Lo que sí tenemos claro es que la Iglesia ha actuado de manera fraudulenta, apropiándose de manera clandestina de bienes públicos. Aunque muchos de ellos tengan aún uso religioso, son bienes de valor artístico, cultural e histórico de carácter público, erigidos en los siglos pasados  con el esfuerzo y las contribuciones forzadas del común de la población, y en muchos casos restaurados con fondos públicos, tanto españoles como de la Unión Europea. La ciudadanía debe movilizarse, presionar al Congreso de los Diputados y al Gobierno para que encuentren las soluciones legales para la reversión del patrimonio público, y exigir a la jerarquía católica española y al Vaticano que anulen esas actuaciones indignas e impropias de las doctrinas que dicen defender.

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LAS IGLESIA, GAS INNOBLE

16/08/2012

El pasado 14 de agosto fue inaugurada por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el arzobispo, Juan José Asenjo, la estatua a Karol Wojtila, para los católicos papa peregrino Juan Pablo II. Veinte metros cuadrados del espacio público y cuatro metros de altura, o sea, ochenta metros cúbicos, albergarán el ya cotidiano homenaje en bronce a este personaje. La iniciativa ha sido promovida por la asociación Pro Monumento a Juan Pablo II en Sevilla, que curiosamente se autodefine “apolítica y aconfesional”. En la placa reza “Sevilla a Juan Pablo II”, como si toda la ciudadanía sevillana perteneciera a esa asociación.                                                                                                  

¿Y qué hizo Wojtila por la Humanidad para ser canonizado por la Iglesia, y para que en Sevilla, además de ser homenajeado con una avenida también lo sea con una estatua en pleno centro monumental? Recordemos que sucedió a Albino Luciani, autonombrado Juan Pablo I por su deseo de continuar la política iniciada por sus antecesores Juan XXIII y Pablo VI. Este propósito y su enfrentamiento con el todopoderoso arzobispo norteamericano Paul Marzinkus, el “banquero de dios”, no parecen ser ajenos a su prematura y sospechosa muerte.

La época de la guerra fría tocaba a su fin. El Pacto de Varsovia se descomponía y el imperialismo norteamericano veía nuevos mercados en él, y para conseguirlos qué mejor aliada que la Iglesia Católica encabezada por un papa polaco anticomunista. Comienza el acoso al Pacto de Varsovia en Polonia, con la financiación ilegal del sindicato Solidaridad a través del Banco Vaticano, una vez restituido Marzinkus al frente de éste. Más tarde será Yugoslavia, donde el Vaticano no dudará en alentar una guerra, guerra que se inició por parte de los católicos independentistas de Eslovenia y Croacia, que desataron la limpieza étnica frente a los ortodoxos serbios y los musulmanes bosnios.

Enseguida el tándem Ronald Reagan-Margaret Thatcher-Juan Pablo II procederán a instaurar el Nuevo Orden neoliberal. Juan Pablo II bendecirá la economía de mercado en su encíclica Centesimus annus; del Padre Nuestro cambiará la frase “perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores” por “perdónanos nuestras ofensas como nosotros personamos a quienes nos ofenden”, quitándoles así de la cabeza a los países tercermundistas que les condonaran la deuda.

En América Latina el papado de Juan Pablo II se caracterizó por la podredumbre y la indecencia. La relación del narcotráfico con la Iglesia Católica fue poco menos que evidente. Con el consentimiento de Juan Pablo II, las jerarquías eclesiásticas de Chile y Argentina apoyaron la represión ejercida por las dictaduras militares. Martillo de la Teología de la Liberación, hasta tres veces fue monseñor Romero a Roma a pedirle protección. Juan Pablo II ni siquiera lo recibió. Romero sería asesinado poco después, al igual que el español Ignacio Ellacuría y muchos otros. Sin embargo protegió y encubrió a Marcial Maciel, abusador sexual de menores y fundador de los Legionarios de Cristo.

Nos enseñaron en el bachillerato que los gases tienden a expandirse, ocupando el máximo volumen del recipiente que los contiene, adoptando la forma de éste. Y aquella Ley de Boyle-Mariotte nos demostraba que en los gases había una relación inversamente proporcional entre volumen y presión: a mayor presión, menor volumen ocupa el gas. La Iglesia Católica, cual gas innoble, también tiende a ocuparlo todo: las mentes de los niños, el aparato reproductor de las mujeres, la vía pública…Y como la presión del Estado sobre la Iglesia es cero, esta vuelve a ocuparlo todo, como en los mejores tiempos del nacionalcatolicismo. ¡Qué contenta la sevillanía! De seguir así, tendremos que salir a la calle con una máscara antigas.

Leído en Sintonía Laica 83 17/08/12 (https://www.ivoox.com/sintonia-laica-83-17-08-12-audios-mp3_rf_1383253_1.html )

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LA BANDERA

14-X-2007

Asistimos a la pataleta de los partidos a la izquierda del Partido Peligroso (PSOE e IU) por la dichosa banderita. Se quejan de que el PP se la apropia, olvidando que desde 1936 fue la suya y no la de ellos. Y digo yo que los ponentes de PSOE y PSUC de la Constitución del 78 podían haberse mostrado intransigentes al menos en la cuestión simbólica, sí, pero puramente ornamental, de decidir qué colores iba a llevar la cinta que envolvería el magno paquete normativo. Pues ni en eso. ¿Padecerían daltonismo nuestros Solé Tura y Peces Barba? ¿Falta de ideas en lo plástico?

Porque si de lo que se trataba era de inaugurar un nuevo régimen (democrático) en España, qué mejor forma de visualizárselo al viandante que colocando una bandera nueva en las fachadas oficiales. Ni la republicana ni la franquista. Una nueva.

Se me ocurre, por ejemplo, haberle añadido nuevas franjas –verde, blanca, etc.- que aludieran a los colores de las Comunidades Autonómicas. Claro que podría confundirse con la del Orgullo Gay y eso, en este país de machotes... ¿Y si, en agradecimiento a esos EE.UU. que tanto nos quiere y a quien tanto debemos, le hubiéramos colocado a la bandera un cuadrado con las 17 estrellitas que representaran a las Comunidades Autonómicas? Y cada estrella con sus colores –verde y blanca la estrella andaluza, azul y blanca la estrella gallega, etc.- No, burdo peloteo.

¡Ya está! Debieron proponer que las tres franjas rojigualdas, en lugar de horizontales fueran verticales, en clara alusión a la dirección celestial que iban a dar a nuestro criptoconfesional régimen democrático. Y se habría acabado la apropiación partidaria del símbolo ondeante.

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MI GRANITO DE ARENA 

1-X-2007

Hace unos días nos reencontrábamos, tras 30 años, antiguos antifranquistas defensores de la “Ruptura Democrática” y no de la llamada por sus ideólogos “8ª Ley Fundamental del Movimiento”, oficialmente de “Reforma Política” que, desde el mismo régimen, propugnaban el rey y Arias Navarro y después Adolfo Suárez, y que aceptaron Felipe González y Santiago Carrillo a cambio -en mi opinión- no de instaurar una verdadera democracia, sino de la legalización de sus partidos. Por allí apareció ese incansable luchador que es Cecilio Gordillo y, tras comentarle que había estado en Málaga participando en las exhumaciones, me convenció de lo conveniente que sería que relatara mi experiencia. No me llevó allí la necrofilia ni el deseo de dar “cristiana sepultura” a nadie, sino mi antifranquismo. En Junio vi en un foro que la Universidad de Málaga convocaba a estudiantes voluntarios (de 18 a 30 años) para un campo de trabajo en el cementerio de S. Rafael. Les ofrecían comida y cama en la residencia universitaria y créditos de libre configuración. Yo no reunía esos requisitos, pero la idea me interesaba y entré en la web de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga (A.S.O.R.M.H.M.), para informarme. Desde Octubre de 2006 estaban exhumando restos, numerándolos, clasificándolos y ordenándolos en cajas individuales con sus fichas arqueológicas. Una vez acabadas las excavaciones, reposarán en el sarcófago monumento que se construirá en el lugar, con el listado de las personas que acabaron allí -hasta ahora hay documentadas más de 4.000-, convertido en un parque. Decidí poner mi granito de arena quitando espuertas de arena, tierra y cal, mucha cal, de aquellos cuerpos durante una semana de mis vacaciones. Llegué una tarde de julio, me instalé en un hotel, y llamé al teléfono señalado exponiendo mi propósito. Me contestó muy amablemente Rafi, de la A.S.O.R.M.H.M., quedando citados a las 8 de la mañana en el cementerio. Me presentó a los arqueólogos Andrés y José Alberto, y saludé a mis jóvenes compañeros, unos 14. Y tomamos las herramientas de arqueólogo: un cuchillo con punta para escarbar muy poco a poco y una brocha para barrer al asomar cualquier cosa. El cementerio está dividido en parcelas. Se ha empezado en la de S. Francisco; donde el georadar había localizado tres fosas aparecieron cinco, luego doce... ahora calculan que puede haber treinta fosas en el cementerio, con una media de 250 enterrados... La primera visión que tuve de la fosa más excavada fue impresionante. Los esqueletos estaban en posiciones imposibles. Era evidente que fueron arrojados cual fardos, o quedaban como caían al ser tiroteados en el mismo borde de la fosa, pues se han recogido muchos casquillos dentro, lo que sugiere que los asesinatos no sólo se realizaron frente a la tapia del cementerio. Por delicadeza o, más bien por aprovechamiento de espacio, los enterradores sólo seguían una pauta: colocaban a los niños, muchos de ellos lactantes, en los rincones de la fosa. Me contaron que tuvieron que pedir a una voluntaria que se fuera y no volviera porque la macabra visión le impedía dejar de llorar y trabajar. A las 3 de la tarde estaba rebozado en polvo y sudor, entumecidas las piernas de tanto tiempo en cuclillas, pero satisfecho. Sentado junto a los restos que trataba de descubrir –lo sacaron de la cárcel para fusilarlo porque ya estaban al aire la pelvis y las costillas y junto a éstas asomaba una cuchara oxidada- maldecía la hipocresía de la justicia de este “Estado de Derecho” nuestro que se erige sobre estas fosas comunes y que, sin embargo, se lava la conciencia investigando desaparecidos españoles en Argentina o Chile. Sebastián Fernández López, profesor de la Universidad y director de las excavaciones, me ofreció la posibilidad de instalarme en la residencia con mis compañeros, cosa que, agradecido, naturalmente acepté. Tuve ocasión de escuchar de Francisco Espinosa, presidente de la A.S.O.R.M.H.M., las vicisitudes por las que tuvo que pasar hasta conseguir que este proyecto se hiciera realidad, así como datos de sus investigaciones, como por ejemplo que, al menos 282 fusilados fueron enterrados en otra parte, gracia que se concedía discretamente a algunas familias por dinero. También pude ver las cosas que habían ido recogiendo en estos meses: casquillos de bala italianos, balas, un dominó de caña, botones de camisa o de uniforme de ferroviario, crucifijos, dentaduras postizas, lápices, peines, un reloj de bolsillo, hebillas, botines, cucharas, un revólver del siglo XIX encasquillado que me evocó la escena de la película “La Lista de Schindler”, en la que al nazi se le encasquilla la pistola ante la cabeza del judío arrodillado y, colérico, le arroja el arma. Todas las mañanas se repetía un acontecimiento entrañable: la llegada al cementerio de Juliana Sánchez y su compañero José Rojano. Cada viernes iban a Madrid, donde residen, y desde donde venían a Rute (Córdoba), su pueblo natal, cada domingo a pasar la semana. Siempre ella al volante, a sus 73 años, recorrían a diario los casi 300 kms. (Rute-Málaga-Rute). Antifranquistas ambos de leyenda, compartieron persecución, clandestinidad, exilio... y ahora la esperanza de que aparezcan los restos de Vicente Sánchez Montes, su padre, al que sacaron de su barbería para asesinarlo. Cuando oía que había un peine, sus vivarachos ojos buscaban entre los huesos, para enseguida tornarse tristes al comprobar que no era un peine de profesional, más grande que los que muchos presumidos llevaban en el bolsillo. Estremecía oírle calcular en qué fosa se podía encontrar a partir de la fecha en que fue asesinado, o abrir los brazos girando en derredor y proclamar, sollozando: “¡Todos estos son mi padre!”. Y lloraba también contando cómo le dolió que los “señores” de la casa en la que “sirvió” tantos años la hubieran mantenido en el engaño de que su padre les había abandonado: “¡...y es que yo a aquellas niñas las quería como a hermanas!”. Me regaló, dedicado, el libro “Desaparecidos”, de Arcángel Bedmar, sobre la represión en Rute. También de Rute conocí a todo un personaje: Pascual Rovira, el impulsor incansable de la dignidad del pollino. Derrochador de humor, una mañana nos divirtió con sus mil anécdotas con célebres personajes. Su hijo Juan era uno de los voluntarios. Un equipo de una televisión italiana estuvo filmando y entrevistando a Juliana y a los responsables de la excavación y voluntarios; les sugeriría como título del documental “Del ‘España es diferente’ al ‘España es indiferente’”, a la vista de la desconcienciación generalizada existente. Y es que nuestra “modélica Transición” potenció aquello de “el muerto al hoyo y el vivo al bollo”. Está a punto de salir la Ley de Memoria Histórica (o como la vayan a llamar), pero, en los actuales términos, sólo servirá para afianzar el denominado por los defensores de los derechos humanos “modelo español de impunidad”, el que adoptaron para sus respectivas transiciones a la democracia Argentina y Chile, y que allá han derogado. En cambio aquí, nuestros representantes políticos no están por la labor. Están dispuestos incluso a incumplir la tan ensalzada Constitución de 1978, que en sus artículos 10.2 y 96.1 declara la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. En resumen, mi experiencia en el cementerio de S. Rafael ha sido tan intensa como gratificante, y la enmarco dentro de mi actividad antifranquista (no era un farol aquello de “Todo queda atado y bien atado”).